El sector promotor e inversor ha condicionado el incremento de la oferta habitacional en España a la creación de un marco jurídico estable que garantice la llegada de capital a largo plazo. Durante el V Congreso Nacional de Vivienda organizado por la Apce, representantes de diversas compañías especializadas han analizado la situación del mercado tras la aprobación de los últimos decretos gubernamentales, señalando la necesidad de un plan estratégico que trascienda los periodos electorales.
Déficit de oferta y tensiones en el mercado de alquiler
Donato Muñoz, consejero delegado de Cevasa, ha advertido durante el encuentro que España arrastra un déficit de un millón de viviendas, asegurando que la totalidad de este volumen debería promoverse bajo regímenes de vivienda protegida. El directivo ha lamentado que el sector no esté logrando dar respuesta a las necesidades de la sociedad, ni por volumen de producción ni por los precios de acceso. Esta problemática se agrava en mercados como el de Barcelona donde, según Jordi Tomas, CEO de Guinot Prunera, los topes a las rentas y el actual marco legislativo han provocado el desplazamiento de los inversores hacia otros activos.
El riesgo jurídico como barrera para la inversión
La seguridad legislativa se ha consolidado como la principal demanda de los gestores de activos. Javier Braza, consejero delegado de Lagoom Living, ha señalado que el riesgo jurídico es el único factor que los inversores no pueden mitigar por sí mismos, instando a adaptar los concursos públicos de suelo a las realidades temporales de la empresa privada. En esta línea, Rosa María Gallego, consejera delegada de Q Living Real Estate, ha apuntado que la normativa vigente se centra en proteger al inquilino ya existente, pero no incluye medidas efectivas para fomentar la vivienda nueva ni facilitar el acceso a quienes se encuentran fuera del mercado.
Financiación y nuevos modelos de colaboración
Para abordar la crisis de accesibilidad, Francisco Pérez, CEO de Culmia, ha subrayado que el incremento de la oferta no puede sostenerse exclusivamente con fondos públicos. Pérez ha defendido la necesidad de una dotación presupuestaria que acompañe a las políticas de vivienda y ha propuesto la entrada de fondos de infraestructuras, capaces de operar con rentabilidades más ajustadas ante el alza de los costes de promoción por los tipos de interés y las materias primas. El sector concluye que solo mediante una colaboración privada-pública real se podrá equilibrar la rentabilidad de los proyectos con la urgencia de ampliar el parque residencial asequible.