La Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona han formalizado la adquisición de un inmueble situado en el número 74 de la calle Llenguadoc, en el distrito de Sant Andreu, con el fin de evitar el desalojo de sus residentes. Esta operación representa la primera actuación bajo el nuevo mecanismo financiero diseñado para frenar lanzamientos inminentes, cuya activación se produce apenas un día después de que el Consell Executiu aprobara su puesta en marcha.
Resolución judicial y alcance de la medida
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha confirmado la suspensión definitiva del lanzamiento, que estaba previsto para este miércoles a las ocho de la mañana. La decisión judicial se produce tras el acuerdo alcanzado entre las administraciones públicas y la propiedad del edificio. La intervención afecta a un total de 18 viviendas de las 20 que componen el bloque, donde residen 32 personas, incluyendo a seis menores de edad, que se encontraban en situación de ocupación desde hace varios años.
Tras la firma del acuerdo, el inmueble se integrará en la cartera de la Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC). Según ha explicado la secretaria de vivienda de la Generalitat, Lídia Gallén, este instrumento está diseñado para facilitar que las personas que habitan estos pisos puedan permanecer en ellos bajo un régimen de gestión pública. Por su parte, el teniente de alcalde de economía y vivienda de Barcelona, Jordi Valls, ha vinculado el éxito de la operación tanto al acuerdo institucional como a la capacidad de presión de los movimientos sociales.
Dotación económica del fondo público
La compra se ha canalizado a través del denominado Fondo de Emergencia Habitacional, una herramienta que cuenta con un presupuesto inicial de 25 millones de euros, aunque la partida es ampliable hasta los 50 millones de euros. El objetivo prioritario de este vehículo es financiar la adquisición de activos inmobiliarios en última instancia, cuando no existan otras alternativas legales para proteger a hogares en situación de vulnerabilidad afectados por procesos de desahucio.
De forma paralela, el ejecutivo autonómico mantiene operativo otro fondo con una dotación de 100 millones de euros en su convocatoria inicial. Este segundo programa está enfocado a la compra conjunta de viviendas destinadas a personas mayores de 40 años. Mediante este sistema, la administración se reserva el derecho de adquisición preferente del 100% del activo en futuras ventas, con la previsión de incorporar un total de 2.000 pisos al parque público de vivienda.