El pleno del Parlament de Cataluña ha dado luz verde definitiva al nuevo marco legal que regulará las cámaras de comercio de la comunidad. Esta aprobación pone fin a un periodo de doce años de demora legislativa, sustituyendo de forma oficial a la normativa anterior que databa del año 2002. El texto ha salido adelante con el respaldo de PSC, Junts, ERC, PP y AC, mientras que Vox se ha abstenido y CUP y En Comú han votado en contra.
Nuevo modelo de financiación y naturaleza jurídica
La principal novedad de la ley es la recuperación de la financiación pública para estas entidades. Según lo establecido, el Govern destinará una asignación de 15 millones de euros durante los próximos tres años. El nuevo texto define a las cámaras como corporaciones de derecho público con personalidad jurídica propia, otorgándoles el estatus de órganos consultivos y de colaboración permanente con las administraciones públicas.
Este cambio estructural busca resolver la situación de incertidumbre operativa que se inició en 2010, tras la eliminación de la cuota obligatoria anual. Desde entonces, las instituciones han debido mantener sus funciones públicas sin contar con recursos directos de la administración. La ley actual adscribe de oficio a todas las empresas a su demarcación correspondiente, asegurando la representatividad del tejido económico en cada territorio.
Ampliación de las sillas de plata y representación empresarial
Uno de los puntos que mayor debate ha generado, y que motivó la impugnación por parte de CUP y En Comú ante el Consell de Garanties Estatutàries, es el incremento de las denominadas sillas de plata. Estas plazas corresponden a empresas que realizan aportaciones voluntarias para la financiación de la corporación. En el caso específico de la Cámara de Comercio de Barcelona, la representación de estas compañías en el pleno aumentará de dos a diez miembros.
Impacto en el sistema cameral catalán
Cataluña cuenta actualmente con 13 cámaras de comercio que operan en entornos socioeconómicos y territoriales con presupuestos desiguales. Con la nueva norma, se pretende que estas instituciones jueguen un papel más decisivo en la actividad económica. Los responsables de las corporaciones de Barcelona, Tarragona y Girona han coincidido en señalar que la ley permite afrontar el reto de conservar las instituciones y ejercer sus funciones públicas bajo un marco de mayor estabilidad legal y económica.
La normativa garantiza la continuidad de la labor de las cámaras como dinamizadoras de la actividad mercantil y consultoras estratégicas, consolidando un marco que el sector reclamaba desde hace más de una década para normalizar sus relaciones con la Generalitat de Cataluña.