El Ejecutivo central maneja actualmente diversos escenarios para la próxima revalorización del salario mínimo interprofesional (SMI), situando el nuevo umbral por encima de los 1.270 euros mensuales repartidos en catorce pagas. Esta medida busca alinear la cuantía con la evolución de los precios para evitar mermas en las rentas del trabajo, partiendo de los 1.221 euros vigentes en la actualidad.
Tres proyecciones para la revalorización salarial
La cuantía definitiva dependerá del criterio que adopte el grupo de especialistas encargado de elaborar la recomendación técnica. Si se aplica un incremento del 3,7%, en línea con las previsiones anuales de inflación de entidades como BBVA Research, el sueldo base se fijaría en 1.266 euros. Un ajuste del 4% elevaría la cifra hasta los 1.270 euros, mientras que un alza del 5% llevaría el salario hasta los 1.282 euros mensuales, lo que supondría 61 euros adicionales al mes.
A diferencia de ejercicios anteriores, donde el objetivo principal era alcanzar el 60% del sueldo medio nacional, el mandato actual prioriza garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores. La inflación de septiembre alcanzó el 4,9%, ensanchando la diferencia con la subida media de los salarios pactados por convenio, que se sitúa en el 3,7% para los acuerdos firmados en 2026.
Impacto en las rentas más vulnerables
El comité de expertos tiene este año la tarea adicional de analizar cómo afecta el nivel salarial a las familias con menos recursos, especialmente ante el encarecimiento de suministros básicos como la energía, el transporte y la vivienda. Este análisis abre la posibilidad de que la subida final se aproxime más al dato del IPC de cierre de ejercicio que a la media anual registrada hasta septiembre, que se sitúa en el 3,4%.
Aceleración de plazos ante el escenario electoral
El Ministerio de Trabajo ha solicitado que los informes técnicos estén concluidos antes del 31 de octubre o, a más tardar, inmediatamente después del festivo de Todos los Santos. Este calendario permitiría al Gobierno disponer de una cifra cerrada antes de las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre. Aunque en ejercicios previos el decreto se demoró hasta febrero, la intención actual es agilizar los trámites y convocar la mesa de diálogo social de forma inmediata.
Procedimiento administrativo y complementos salariales
La aprobación del nuevo SMI se realizará mediante real decreto en el Consejo de Ministros, por lo que no requiere de la convalidación del Congreso de los Diputados. Este marco normativo permite al Ejecutivo actuar tras consultar a patronal y sindicatos, aunque la decisión final es una prerrogativa gubernamental. No obstante, queda pendiente de resolver la posible prohibición de absorber las subidas del SMI a través de pluses salariales, una medida que el Ministerio de Trabajo aún mantiene en el aire tras los retrasos en la transposición de la normativa europea.
