La convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre ha supuesto la interrupción inmediata de la agenda económica y legislativa del Ejecutivo. Este escenario implica que todas las iniciativas parlamentarias actualmente en fase de enmiendas, debate o toma en consideración quedan suspendidas. Aunque los proyectos podrán retomarse tras la constitución de las nuevas Cortes el 23 de diciembre, el reglamento obliga a reiniciar todo el ciclo administrativo desde su origen, afectando de manera directa a la adelanto electoral y a las reformas fiscales pendientes.
Primera legislatura de la historia sin nuevos Presupuestos
El fin anticipado de la legislatura confirma un hito inédito en la democracia española: por primera vez, un Gobierno no habrá logrado presentar ni un solo proyecto de Presupuestos Generales del Estado durante todo su mandato. Las cuentas públicas de 2023, que ya han sido prorrogadas anteriormente, volverán a estar vigentes al inicio del próximo ejercicio. Esta situación se produce a pesar de los compromisos del Ministerio de Hacienda de remitir un proyecto antes de finalizar el año y de las negociaciones mantenidas recientemente con los agentes sociales.
Desde el vencimiento de las últimas cuentas oficiales, la gestión económica se ha sustentado en la reasignación de partidas. En total, el Ejecutivo ha tenido que movilizar más de 330.000 millones de euros a través de transferencias entre departamentos y ampliaciones de crédito. Estos movimientos han permitido cubrir necesidades urgentes como el incremento del gasto en Defensa por exigencias de la OTAN, así como las ayudas derivadas de la DANA en Valencia, el volcán de La Palma y el impacto inflacionista de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo.
Suspensión de la reforma de la financiación autonómica
Otro de los pilares que decae es la nueva financiación autonómica. El modelo, que fue validado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el pasado 4 de septiembre, no llegará a ser debatido en el Congreso de los Diputados. La propuesta contaba con el rechazo mayoritario de las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña y Canarias, y generó críticas internas en el seno del PSOE, donde Asturias y Castilla-La Mancha cuestionaron un sistema que restaba peso a factores como la dispersión geográfica o el envejecimiento poblacional.
El plan proyectaba una inyección anual adicional de 21.000 millones de euros para las administraciones regionales. Con la disolución de las Cámaras, también quedan en suspenso otras herramientas complementarias que estaban en fase de diseño, como el denominado fondo de dinamismo para compensar a las regiones con ingresos por debajo de la media, la actualización de los incentivos regionales y la reforma del fondo de compensación interterritorial.
Bloqueo a la condonación de deuda regional
La tramitación parlamentaria para la quita de deuda a las comunidades de régimen común ha quedado igualmente neutralizada. Este proceso ya acumulaba retrasos debido a las sucesivas prórrogas en el periodo de enmiendas, motivadas por las peticiones de mayores condonaciones para Cataluña tras el incremento de su pasivo y los ajustes aplicados entre 2010 y 2013.
El planteamiento inicial del Ministerio de Hacienda contemplaba una condonación global de 83.252 millones de euros. Según el reparto diseñado, Andalucía figuraba como la principal beneficiaria con 18.791 millones de euros, seguida de Cataluña con 17.104 millones. Esta última cifra suponía una reducción de 2.284 euros por habitante, un nivel similar al previsto para la Región de Murcia o Castilla-La Mancha. Junto a estas medidas financieras, el adelanto electoral también deja sin efecto la agenda laboral que incluía la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional y la regulación del registro de jornada.
En definitiva, el cierre de la legislatura obliga a un reinicio absoluto de la actividad normativa, dejando en el aire las reformas estructurales en materia de fiscalidad y deuda que el Ejecutivo pretendía consolidar antes de que finalizara el año.