La Agencia Tributaria ha comenzado el proceso para materializar el pago de las subvenciones destinadas al tejido productivo de Ceuta, tras la recepción de más de 1.200 solicitudes por parte de empresas y trabajadores por cuenta propia. Estas medidas se enmarcan en el real decreto-ley aprobado a principios de septiembre para paliar las consecuencias económicas de la crisis migratoria, con una dotación global de 309 millones de euros hasta el cierre de 2026.
Cuantías y gestión de las subvenciones directas
El mecanismo de apoyo incluye un fondo específico de 36,6 millones de euros en ayudas directas. Bajo este esquema, los trabajadores autónomos tienen derecho a percibir una cuantía fija de 5.000 euros, mientras que las sociedades pueden acceder a importes que oscilan entre los 10.000 y los 150.000 euros, calculados en función de su volumen de facturación. Estas transferencias, que se tramitan a través de la sede electrónica de la administración tributaria desde el 14 de septiembre, destacan por su carácter inembargable y por estar exentas de tributación.
Se estima que el alcance potencial de esta convocatoria asciende a 2.500 profesionales por cuenta propia y 1.500 mercantiles. Junto a estas partidas, se han consignado 16 millones de euros adicionales para fortalecer sectores estratégicos como la restauración, el turismo, el comercio y los planes de internacionalización de las corporaciones locales.
Refuerzo financiero y modificaciones impositivas
El paquete de medidas económicas también incorpora una línea de avales de 50 millones de euros gestionada por el ICO, orientada a facilitar el acceso a la financiación. En el ámbito de la fiscalidad, se establece un incremento permanente en la bonificación del Impuesto de Sociedades, que pasa del 50% al 60% para las entidades con residencia fiscal en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, siempre que mantengan su actividad y niveles de empleo.
Finalmente, el marco normativo introduce mejoras en la tributación por IRPF para los autónomos, permitiendo una mayor deducción de gastos de difícil justificación y provisiones. Estas modificaciones fiscales proyectan un impacto económico estimado en 12 millones de euros anuales de ahorro por ciudad, complementando el plan de servicios esenciales, seguridad y acogida humanitaria financiado con el presupuesto total del decreto.