Junts per Catalunya ha formalizado un documento de 59 páginas que articula su modelo alternativo para el sector inmobiliario. El texto plantea un giro en la política habitacional basado en la recuperación de incentivos tributarios, la modificación de los plazos de los contratos de arrendamiento y un cambio competencial en el enjuiciamiento de los delitos relacionados con la ocupación de inmuebles.
Incentivos fiscales y deducciones en el IRPF
La propuesta de la formación catalana recupera las bonificaciones fiscales como eje vertebrador de la política de vivienda. Entre las medidas principales destaca la recuperación de las deducciones en el IRPF por la adquisición de la vivienda habitual, así como por las cuantías aportadas a las cuentas de ahorro vivienda.
Nuevo régimen de prórrogas de alquiler
El texto alternativo propone eliminar la obligatoriedad de las prórrogas en los contratos que venzan en los próximos dos años, estableciendo en su lugar una prórroga voluntaria para aquellos acuerdos que finalicen antes del 30 de junio de 2028. Bajo este nuevo esquema, los arrendatarios con contratos que expiren antes del 31 de diciembre de 2028 podrían solicitar una extensión de un año, con posibilidad de ampliarlo otro año adicional.
Para acceder a esta medida, el inquilino deberá acreditar que se encuentra al corriente de los pagos y que no ha registrado retrasos en la renta durante al menos los ocho meses previos a la solicitud. Por su parte, los propietarios estarían obligados a aceptar dicha prórroga manteniendo la renta actual, salvo en los casos en que la vivienda sea requerida por el dueño para uso propio o para familiares de primer grado de consanguinidad.
Asimismo, se plantea modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para instaurar una prórroga tácita tras los cinco o siete años de vigencia del contrato. En este escenario, el arrendador debería preavisar con cuatro meses de antelación si desea rescindir el vínculo, mientras que el inquilino contaría con un margen de dos meses. De no producirse comunicación, el contrato se extendería automáticamente por un año, hasta un máximo de tres ejercicios.
Ocupación y límites a las rentas
En el ámbito jurídico-mercantil, Junts propone que los delitos de allanamiento de morada dejen de ser competencia de un tribunal popular. La iniciativa busca que estos casos sean tramitados directamente por jueces ordinarios para agilizar los procedimientos judiciales en situaciones de ocupación de viviendas.
Respecto a los precios, la formación rechaza el límite del 2% en la actualización de las rentas. La normativa vigente establece que, hasta el 31 de diciembre de 2027, los incrementos anuales se rijan por el pacto entre las partes, sin superar dicho porcentaje, y queden congelados si la renta ya supera los índices de precios de referencia.
Contexto y cifras del mercado
Desde el equipo económico de Junts, encabezado por Josep Maria Crusset, se ha defendido esta alternativa frente a las críticas del Ejecutivo. Crusset ha subrayado que la situación actual del mercado, tras ocho años de gestión gubernamental, arroja un incremento del 23% en los precios del alquiler y del 30% en los precios de venta, además de contabilizarse 250.000 desalojos en el país.
Por otro lado, el Ministerio de Vivienda ha instado a la formación a apoyar el texto del Gobierno, asegurando que el decreto actual ya incorpora el 90% de las peticiones formuladas por el grupo parlamentario catalán.