El Ejecutivo ha procedido a la aprobación de los decretos en materia de vivienda con el objetivo de someterlos a convalidación ante la Diputación Permanente. Esta maniobra legislativa se produce tras la convocatoria de elecciones para el próximo 29 de noviembre, situación que implica la disolución de las Cortes y traslada la capacidad de validación a este órgano reducido de 69 miembros. En este nuevo escenario, el Gobierno requiere 35 votos para alcanzar la mayoría absoluta, una cifra que previsiblemente obtendrá con los 25 representantes del PSOE, los 6 de Sumar y el apoyo ya manifestado en anteriores votaciones por EH Bildu, ERC, Podemos y el PNV.
Protección frente a desahucios y control de la especulación inmobiliaria
El primer decreto contempla la extensión de la vigencia del denominado escudo social hasta el año 2030. Esta medida prohíbe los desahucios a familias en situación de vulnerabilidad y refuerza los mecanismos de protección de las administraciones públicas. De forma paralela, el texto introduce restricciones a la compra de inmuebles destinados al alquiler o a la especulación por parte de determinadas empresas, estableciendo una prohibición que se extendería hasta 2028. Esta limitación afectaría a fondos que pretendan adquirir viviendas por debajo del 70% de su valor de tasación.
Reformas fiscales para Socimis y alquileres turísticos
La normativa reordena la fiscalidad de las Socimis enfocadas en el mercado residencial. El borrador plantea un gravamen especial del 25% sobre los beneficios no distribuidos para aquellas sociedades que no orienten sus activos hacia el alquiler asequible. En el ámbito del hospedaje, el IVA para los pisos turísticos que no presten servicios de limpieza o atención al cliente se elevará del 0% al 10%. Asimismo, se han incluido disposiciones para combatir el fraude en los contratos de alquiler por habitaciones y de temporada, una exigencia trasladada por los socios de coalición.
Medidas de apoyo financiero e incentivos tributarios
En materia de financiación, se implementará una línea de préstamos gestionada por el ICO de hasta 50.000 euros a interés cero para facilitar la compra de la primera vivienda. El decreto también articula bonificaciones fiscales para inquilinos con rentas anuales inferiores a 33.000 euros, medida que beneficiaría a 1,6 millones de hogares según estimaciones oficiales, junto con incentivos para los arrendadores que reduzcan el precio de la renta.
Por último, el marco normativo establece un límite del 2% en el incremento de los alquileres y permite una prórroga extraordinaria de un año, ampliable a dos, para los contratos que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. En el ámbito de la obra nueva, el tipo de IVA para la construcción de vivienda de protección pública y de promoción pública se reducirá al 4%.