El Ejecutivo ha vuelto a dar luz verde a los dos reales decretos de vivienda que fueron rechazados por el Congreso de los Diputados la semana pasada. Esta decisión se produce apenas un día después de la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, un movimiento que traslada la responsabilidad de convalidar las medidas a la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno durante el periodo de disolución de las Cortes.
Financiación pública y ayudas directas al mercado inmobiliario
Entre las medidas más destacadas de los textos aprobados se encuentra la creación de una línea de préstamos a tipo cero para la adquisición de la primera vivienda. Esta iniciativa contará con una dotación de 10.000 millones de euros y estará gestionada a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Los beneficiarios podrán acceder a importes de hasta 50.000 euros destinados a facilitar la entrada para la compra de inmuebles.
Asimismo, el contenido de los decretos mantiene los pilares del proyecto original, orientados a subvencionar la demanda mediante desgravaciones fiscales para los inquilinos. El Gobierno defiende que estas actuaciones buscan proteger el acceso a la vivienda y limitar su consideración como un mero activo mercantil, tras meses de negociaciones previas a su actual tramitación de urgencia.
Regulación de alquileres y sanciones a propietarios
La normativa recuperada establece la renovación automática de los contratos de arrendamiento. En caso de que los arrendadores decidan no extender la vigencia de los contratos tras su vencimiento, se exponen a sanciones que incluyen el pago de indemnizaciones a los inquilinos por un valor mínimo de 12 meses de renta de una vivienda de características similares.
El paquete legislativo incluye además la prórroga de los alquileres vigentes, medidas de protección contra los desahucios para familias en situación de vulnerabilidad y la prohibición expresa de venta de viviendas a fondos de inversión calificados como «buitre». No obstante, la vigencia efectiva de estas medidas de control de precios y contratos quedará supeditada a la votación en la cámara, debido a la actual minoría parlamentaria del Ejecutivo.
El escenario en la Diputación Permanente
Al encontrarse las Cortes disueltas, la validación de los decretos recae en los 69 miembros de la Diputación Permanente. La aritmética de este órgano, donde el PP cuenta con 27 miembros y el PSOE con 24 más la presidencia, obliga al Gobierno a buscar apoyos alternativos para evitar un nuevo bloqueo. La estrategia ministerial apunta a lograr el respaldo del PNV, lo que permitiría sacar adelante las normas sin depender de los votos de Junts.
Expertos del sector y juristas han advertido de que la reintroducción de estas medidas podría comprometer la seguridad jurídica y afectar a la oferta de inmuebles en el mercado de alquiler. Paralelamente, persisten dudas legales sobre si estos decretos cumplen con el requisito de extrema urgencia exigido para ser convalidados por un órgano de naturaleza especial, dado que los textos fueron elaborados tras meses de trabajo ministerial.