La economía española presenta una dualidad marcada entre el avance de las magnitudes macroeconómicas y la realidad financiera de los hogares. Mientras el producto interior bruto mantiene un ritmo de crecimiento anual del 2,6%, situándose muy por encima de la media de la eurozona, este dinamismo no se traduce de forma equitativa en el bienestar de la población. La actividad económica ha acumulado un avance del 9,5% en los últimos tres años, impulsada principalmente por el sector servicios y el gasto público, pero se enfrenta a retos estructurales en competitividad y precios.
Componentes del crecimiento y desequilibrio comercial
El incremento de la actividad durante la presente legislatura se ha sustentado en varios pilares. El turismo internacional lidera la expansión con un alza del 24,6%, seguido por la inversión en maquinaria (15,7%) y la construcción (12,6%). El consumo privado y el gasto público también han contribuido con avances del 9,6% y 7,6% respectivamente. No obstante, el sector exterior muestra signos de debilidad: las exportaciones de mercancías apenas crecieron un 0,6%, frente a un aumento del 12,7% en las importaciones, lo que ha provocado un deterioro en la balanza comercial del país.
Evolución del mercado laboral y peso del sector público
La creación de empleo ha sido el motor del PIB, con 739.888 nuevos puestos de trabajo en el último año y un acumulado de 1,7 millones desde el inicio de la legislatura en 2023. Si se analiza desde 2018, la cifra asciende a 3,6 millones de nuevos afiliados a la Seguridad Social. Sin embargo, el sector público ha tenido un peso determinante en estas cifras. Las actividades sanitarias, con 90.423 nuevos empleos respecto a 2025, junto con la educación y la Administración Pública, suman 166.761 puestos de trabajo adicionales.
En cuanto al desempleo, la reducción de 342.963 parados en los últimos tres años se ha producido en un contexto de auge de los contratos a tiempo parcial, el pluriempleo y la figura del fijo discontinuo. Esta dinámica implica que, actualmente, es necesaria la creación de cinco nuevos empleos para reducir las listas del paro en una sola persona.
Inflación y deterioro del poder de compra
A pesar de las cifras de actividad, el poder adquisitivo de los ciudadanos se ha visto comprometido. El índice de precios de consumo registró un alza del 10,4% desde las últimas elecciones, con una tasa interanual del 4,9% en septiembre, su nivel más alto en tres años y medio. Factores como el bloqueo del estrecho de Ormuz y la retirada de bonificaciones fiscales en julio han acelerado esta tendencia.
En una perspectiva más amplia, que abarca las dos últimas legislaturas, los precios han escalado un 27,9%, con un impacto especialmente severo en los alimentos, que se han encarecido un 38,7%. Por el contrario, los salarios han crecido de media un 23% en el mismo periodo, a excepción del salario mínimo interprofesional, que ha subido un 66% desde 2018. Esta brecha entre ingresos y coste de la vida define el actual escenario de consumo.
Tensiones en el mercado de la vivienda y competitividad
El mercado de la vivienda se ha convertido en un obstáculo económico de primer orden. La creación de nuevos hogares triplica la oferta de nueva construcción, lo que ha disparado los precios de compraventa un 42% en tres años y los alquileres un 25,9%. El Banco de España ha advertido de que esta situación ya no es solo un problema social, sino que lastra la movilidad laboral y la captación de talento.
Por último, la competitividad empresarial se ve afectada por el incremento de los costes energéticos, regulatorios y sociales. Aunque la inversión extranjera bruta creció un 31,2% en el primer semestre respecto a 2025, las desinversiones se triplicaron hasta alcanzar los 9.038 millones de euros. Como resultado, la inversión neta ha sufrido una caída del 40,1%, afectada por un entorno de incertidumbre e inseguridad jurídica.