El Pleno del Congreso ha rechazado los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno de coalición tras no lograr el apoyo necesario para su convalidación. La negativa de Junts ha resultado determinante en una votación que sitúa al Ejecutivo en una posición de extrema debilidad legislativa, coincidiendo con el décimo aniversario del regreso de Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE.
Impacto en la oferta y seguridad jurídica
La decisión de la formación independentista de votar en contra de ambos textos se fundamenta, entre otros motivos, en la caída de la oferta de alquileres y el incremento sostenido de los precios. Estas circunstancias ya habían sido advertidas por expertos de diversos sectores, incluido el ámbito jurídico, donde se anticipaba una potencial oleada de litigios derivados de la aplicación de estas normas.
Pese a que el Gobierno optó por dividir la iniciativa original en dos decretos distintos para intentar facilitar su aprobación, la estrategia no ha surtido efecto en la Cámara Baja. El Ejecutivo confiaba en que la presión social forzase un cambio de postura en el partido de Carles Puigdemont, que finalmente ha mantenido su rechazo a unas medidas sobre las que ya se había manifestado de forma contraria en sesiones parlamentarias previas.
Obstáculos a la agenda legislativa y presupuestaria
Con este resultado, el Gobierno suma ya seis decretos que no han logrado prosperar en el Congreso en lo que va de año. Esta parálisis afecta a otras medidas de calado como los decretos ómnibus, la moratoria antidesahucios o la reducción de la jornada laboral. El bloqueo parlamentario se produce en un contexto en el que el Ministerio de Hacienda sigue prometiendo la presentación de los presupuestos generales del Estado antes de que finalice el año, tras haber incumplido los plazos constitucionales.
El Ejecutivo ha calificado sus propuestas como herramientas «para mejorar la vida de la gente» y ha anunciado su intención de presentar las cuentas públicas «más ambiciosas de la historia». Sin embargo, la realidad de un Congreso dividido dificulta la viabilidad de cualquier proyecto que no cuente con un consenso previo amplio entre las diversas sensibilidades políticas representadas.
Finalmente, el rechazo a la política de vivienda de los partidos de la coalición se produce en un escenario marcado por el estancamiento de los salarios y el encarecimiento del coste de la vida. Esta situación empaña los indicadores macroeconómicos y aumenta la incertidumbre sobre la capacidad del Ejecutivo para agotar la legislatura y avanzar en sus compromisos normativos ante un Parlamento que ha mostrado un rechazo frontal a su gestión de crisis recientes y a las sospechas de corrupción que rodean al entorno gubernamental.