La Generalitat de Catalunya ha proyectado la incorporación de 2.000 inmuebles al parque público de vivienda mediante el despliegue de un nuevo programa de copropiedad. Esta iniciativa contará con una dotación presupuestaria inicial de 100 millones de euros y su continuidad estará supeditada a los resultados de esta primera convocatoria. El modelo jurídico, fundamentado en el Código Civil de Catalunya, se presenta como una vía administrativa hasta ahora no utilizada para ampliar la oferta habitacional.
En este marco de actuación, la administración catalana asumirá la titularidad de entre el 50% y el 60% de la propiedad de cada inmueble. Por su parte, el titular dispondrá de un derecho de uso durante un periodo establecido de entre 40 y 60 años. Según los términos definidos, este derecho podrá ser transmitido mediante herencia o ser objeto de venta por el tiempo restante del contrato, reservándose el Govern un derecho de adquisición preferente en estas operaciones.
Condiciones de titularidad y protección permanente
El anuncio, realizado por el president de la Generalitat, Salvador Illa, durante el último Debate de Política General en el Parlament, detalla que las adquisiciones se efectuarán a precio de mercado. Una vez expire el plazo de uso de entre 40 y 50 años estipulado en la norma, la propiedad de la vivienda pasará íntegramente a manos de la Generalitat. No obstante, el titular tendrá la posibilidad de evitar esta transición si decide adquirir la cuota parte que pertenece al Ejecutivo autonómico.
Un aspecto central de esta medida es que el inmueble tendrá la consideración de vivienda protegida de forma permanente, con independencia de los cambios en la titularidad. El Govern mantendrá un derecho sucesorio que se extinguirá al finalizar el plazo previsto, aunque el beneficiario conserva la facultad de revocarlo si abona la parte correspondiente a la administración. Los pormenores técnicos de este proceso se detallarán una vez se publiquen las bases oficiales de la convocatoria pública.
La estrategia se enfoca principalmente en ciudadanos con ingresos estables que, pese a su solvencia, encuentran barreras para acceder a un préstamo hipotecario convencional. Desde la vertiente de la oferta, la Generalitat considera que esta fórmula supone una oportunidad para los grandes operadores que cuentan con activos en régimen de alquiler y que tienen interés en desinvertir en este tipo de carteras inmobiliarias.