El Supremo fija la tributación de las herencias aplazadas

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El Tribunal Supremo ha definido con precisión el marco tributario de las herencias sometidas a plazo, determinando que los rendimientos generados por el patrimonio antes de su aceptación formal deben imputarse fiscalmente a los sucesores designados. En una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el alto tribunal establece como doctrina que las rentas y plusvalías producidas por una herencia yacente deben ser declaradas en el IRPF por los herederos, incluso si estos tienen prohibido por testamento aceptar los bienes de forma inmediata.

Primacía del Derecho fiscal sobre los conceptos civiles

La resolución, de la que ha sido ponente la magistrada María Dolores Rivera Frade, aborda el conflicto entre la normativa civil y la tributaria. El origen del litigio reside en la pretensión de un contribuyente de evitar la imputación de rentas basándose en el Código Civil, que estipula que el instituido «a término» no adquiere la condición de heredero hasta que venza el plazo señalado. Sin embargo, el Supremo subraya la autonomía del Derecho fiscal, señalando que la figura del heredero para la Ley del IRPF abarca a quien tiene un derecho cierto sobre la herencia, independientemente de que su ejercicio esté diferido.

El tribunal argumenta que aplicar estrictamente el criterio civilista permitiría que las rentas generadas por un caudal hereditario quedasen sin tributación, ya que la masa patrimonial carece de personalidad jurídica y no puede ser sujeto pasivo del impuesto de sociedades. El fallo interpreta el artículo 8.3 de la Ley del IRPF para concluir que el régimen de atribución de rentas debe aplicarse a los sucesores designados para evitar un vacío fiscal durante el periodo en que la herencia permanece yacente.

Análisis de un caso de herencia a término de seis años

El caso concreto que ha motivado esta doctrina se remonta al fallecimiento en enero de 2013 de una testadora que instituyó como herederos a sus dos sobrinos bajo una condición específica: no podían aceptar la herencia hasta transcurridos seis años. Durante este periodo, una albacea administradora gestionó el patrimonio. En el ejercicio 2014, la enajenación de diversos activos del caudal relicto generó una ganancia patrimonial superior a los 1,41 millones de euros, correspondiendo 708.115 euros a cada uno de los hermanos.

Pese a que el recurrente inicialmente incluyó estos rendimientos en su autoliquidación, posteriormente solicitó la rectificación y devolución de ingresos indebidos. Alegaba que, al no poder adquirir los bienes hasta enero de 2019, no debía soportar la carga fiscal de unas plusvalías sobre las que no tenía disposición inmediata. Tras las sucesivas desestimaciones de la Agencia Tributaria y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Supremo ha ratificado que la prohibición de aceptar la herencia no extingue la obligación de tributar por los beneficios que esos activos produzcan en el ínterin.

Clarificación sobre la inexistencia de doble imposición

Uno de los puntos clave de la sentencia es la distinción técnica entre los diferentes impuestos que gravan la transmisión hereditaria. El recurrente sostenía que tributar por estas ganancias en el impuesto sobre la renta de las personas físicas supondría una doble imposición, dado que esos mismos incrementos estarían sujetos más tarde al tributo sucesorio. El Supremo rechaza este argumento de forma tajante al diferenciar los hechos imponibles.

Según la Sala, mientras la herencia no ha sido aceptada y permanece yacente, no se ha devengado el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones respecto a la adquisición de los bienes. No obstante, los frutos, intereses o plusvalías que emanan de esa masa patrimonial son rendimientos nuevos que deben liquidarse de forma periódica. Por tanto, no existe concurrencia de tributos sobre un mismo concepto, sino el gravamen de realidades económicas distintas producidas en momentos temporales diferentes.

Esta sentencia cierra la puerta a estrategias de planificación sucesoria que busquen diferir el pago de impuestos mediante el establecimiento de plazos de aceptación. El criterio fijado deja claro que los mandatos de espera impuestos por el testador no suspenden el deber de los futuros herederos de cumplir con sus obligaciones fiscales respecto a las rentas que el patrimonio genere mientras se encuentra en espera de ser adjudicado.


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