El Ministerio de Trabajo ha decidido agilizar los trámites para establecer la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de cara al ejercicio 2027. La Comisión Asesora para el Análisis del SMI ha sido convocada hoy con el objetivo de iniciar la elaboración del informe técnico que servirá de base para la próxima subida. El propósito del departamento dirigido por Yolanda Díaz es que las recomendaciones de los expertos estén finalizadas antes de la celebración de las elecciones generales, previstas para el 29 de noviembre.
Previsiones y criterios para la revalorización
La intención del Ejecutivo es mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, tomando como referencia el Índice de Precios de Consumo (IPC). Según las previsiones anuales del Banco de España, que sitúan la inflación en el 3,6%, el suelo salarial debería incrementarse de forma proporcional para evitar la pérdida de capacidad de compra. Bajo esta premisa, la remuneración básica podría escalar hasta el entorno de los 1.265 euros mensuales repartidos en catorce pagas.
Este movimiento responde a la voluntad de consolidar el salario mínimo en el equivalente al 60% del salario medio neto de un trabajador a tiempo completo en España. Esta referencia técnica, alineada con los objetivos de la Carta Social Europea, busca reducir la pobreza laboral y la desigualdad. No obstante, el procedimiento habitual implica que, aunque las recomendaciones se conozcan pronto, la aprobación formal mediante real decreto se produzca ya iniciado el año de aplicación, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.
Impacto histórico y posición de los agentes sociales
Desde el año 2018, la retribución mínima en España ha experimentado un crecimiento acumulado del 66%. En aquel ejercicio, la cifra se situaba en 735,90 euros mensuales, mientras que para 2026 ya se ha fijado en 1.221 euros. Esta trayectoria ha estado marcada por hitos como el incremento del 22,3% en 2019 o la superación de la barrera de los 1.000 euros en 2022. En la actualidad, esta renta afecta directamente a cerca de 2,5 millones de trabajadores en el país.
Sin embargo, la estrategia de incrementos constantes cuenta con la oposición de la CEOE. La patronal sostiene que el objetivo del 60% no es vinculante y advierte de que el SMI ya supera el 70% del sueldo medio en casi la mitad de las provincias españolas, lo que a su juicio distorsiona el mercado laboral local. Los empresarios cuestionan la metodología aplicada por el comité de expertos al considerar que se rebasan los umbrales de sostenibilidad en diversos territorios.
Metodología técnica del análisis
Para determinar la horquilla de subida, la comisión analiza variables macroeconómicas que van más allá de la inflación, como la evolución de la productividad media nacional y el crecimiento económico general. El informe técnico también incorpora indicadores de cohesión social, prestando especial atención a la reducción de la brecha salarial de género y al impacto distributivo de la medida en las rentas más bajas.
En el último ajuste realizado para 2026, el Gobierno aplicó una subida del 3,1% basándose en estos criterios técnicos, situando la cuantía en 1.221 euros brutos al mes. Para el próximo ejercicio, el análisis seguirá evaluando la coyuntura para intentar acomodar la subida a las proyecciones de salarios reales y garantizar la equidad en el sistema retributivo nacional.