El Gobierno negocia una subida salarial para funcionarios

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El Ejecutivo central explora la aprobación de una actualización retributiva que afectará a los 3,5 millones de empleados públicos que integran la Administración Central, las comunidades autónomas y las entidades locales. Esta medida, que se suma a los compromisos de revalorización del salario mínimo y de las pensiones, supondrá un desembolso conjunto para las arcas públicas de 10.000 millones de euros. El objetivo de las negociaciones actuales es acelerar la aplicación de los incrementos pactados en el Acuerdo Marco de 2025 para garantizar el poder adquisitivo del colectivo.

Impacto presupuestario y senda de revalorización

La propuesta sobre la mesa contempla dos tramos diferenciados. Por un lado, se plantea la ejecución de una cláusula de revisión del 0,5% adicional correspondiente al ejercicio 2026, vinculada a que la inflación media supere el 1,5%. Dado que las proyecciones de los institutos de análisis sitúan el IPC medio anual entre el 3,6% y el 3,7%, la activación de este pago retroactivo se da por segura, con un coste estimado de 1.000 millones de euros. Por otro lado, la pieza principal de la negociación es la subida del 4,5% prevista para 2027, que implicará una partida de 9.000 millones de euros.

Estas cifras forman parte de una trayectoria plurianual que busca una revalorización total del 11% en el trienio 2026-2028. De este porcentaje, queda pendiente un 2% adicional para el último año del periodo. El incremento conjunto del 5% que se pretende consolidar para el arranque de 2027 supondría movilizar una masa salarial sin precedentes recientes para el personal de las administraciones públicas, en un contexto de ausencia de nuevas cuentas públicas estatales.

Procedimiento legal ante la prórroga presupuestaria

Dada la actual situación de los Presupuestos Generales del Estado, prorrogados desde 2023, el Gobierno se enfrenta al reto de articular estas subidas de forma independiente a la Ley de Cuentas. Los sindicatos representativos, entre ellos CSIF y CCOO, exigen que la revalorización se tramite de urgencia antes de la celebración de las elecciones generales del 29 de noviembre. La fórmula demandada por las centrales sindicales es la aprobación de un Real Decreto ley que cuente con el aval de la Cámara.

La urgencia de las organizaciones sindicales radica en la necesidad de que los incrementos estén plenamente operativos en enero de 2027. Para ello, instan al Ejecutivo a utilizar la Diputación Permanente como vía para validar la norma antes de la cita electoral. El Ministerio de Función Pública ha manifestado su voluntad de cumplir con lo pactado a finales de 2025, a pesar de que el Gobierno mantiene que la senda salarial ya está rubricada y no requiere de una nueva negociación de fondo, sino de su ejecución técnica.

Demandas adicionales de las centrales sindicales

Más allá de las tablas salariales, la comisión de seguimiento del pacto aborda otras reclamaciones históricas del sector. Entre estas se incluye la actualización de las indemnizaciones por residencia y la búsqueda de una equiparación salarial efectiva entre las distintas administraciones del Estado. Asimismo, los representantes de los trabajadores demandan la recuperación de la estructura de retribuciones previa a los ajustes iniciados en 2010, además de un refuerzo generalizado de los servicios públicos tras el repunte de la inflación registrado en el último ejercicio.


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