Las centrales sindicales han intensificado su presión sobre el Ejecutivo para lograr un incremento del salario mínimo que supere la barrera de los 1.300 euros mensuales. Esta nueva exigencia de UGT y CCOO supone elevar su anterior pretensión de una subida del 5% para 2027, utilizando como argumento el reciente repunte inflacionista. La propuesta será remitida de forma oficial al Ministerio de Trabajo, que aguarda las conclusiones del comité de expertos antes de que finalice el presente mes.
Un incremento del 7% para compensar el IPC
La propuesta sindical se traduce en una revalorización del 7%, lo que situaría la cuantía en 1.306,5 euros mensuales distribuidos en 14 pagas, alcanzando un total de 18.290,58 euros anuales. Este ajuste supondría un aumento de 85,5 euros al mes respecto a los niveles vigentes. De aprobarse, representaría la tercera mayor subida bajo la gestión de Pedro Sánchez, tras el incremento del 22,3% en 2018 y del 8% en 2023. La medida busca superar el IPC medio del año, que a finales de septiembre se situó en el 3,4% y que se prevé alcance el 3,7% al cierre de diciembre.
Ofensiva salarial y movilizaciones previstas
Estas demandas se enmarcan en una estrategia de movilización que incluye la convocatoria de una huelga general para el próximo 11 de noviembre. Aunque el origen del paro se vincula a la situación de la vivienda, los sindicatos han canalizado la protesta a través de reivindicaciones laborales para asegurar su encaje legal. En este contexto, instan a la CEOE a retomar la negociación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Las centrales reclaman que los sueldos pactados en convenio aumenten entre un 4% y un 7% el próximo año, dependiendo de la estructura salarial de cada sector.
Protección de las retribuciones y beneficios empresariales
Además de la cuantía nominal, se ha solicitado al Ministerio de Trabajo una modificación normativa para prohibir la absorción de pluses y complementos tras la subida del mínimo legal. El objetivo es garantizar por ley que el salario mínimo actúe como la base sobre la que se añadan el resto de conceptos retributivos. Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha defendido que la propuesta es realista, afirmando que «las empresas están acumulando más beneficios que nunca y tienen que repartirlos a través de una subida generalizada de los salarios».
La celeridad de estas peticiones responde al horizonte electoral del 29 de noviembre, fecha en la que los sindicatos prevén un posible cambio en el escenario político. Con este movimiento, buscan blindar la recuperación del poder adquisitivo tras el avance de los precios, retomando la senda de incrementos que ya plantearon a principios de año, cuando fijaron un objetivo de subida acumulada del 12% para el periodo comprendido entre 2026 y 2028, condicionado por los beneficios empresariales y el coste de la vida.
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