El grupo parlamentario vasco ha definido su estrategia de voto para la próxima sesión de la Diputación Permanente en relación con la normativa de vivienda. La portavoz de la formación, Maribel Vaquero, ha confirmado que respaldarán el primer decreto ley mientras mantienen su rechazo a la segunda norma, siguiendo la línea de actuación establecida el pasado viernes en la Cámara baja.
Apoyo condicionado a la protección de propietarios e inquilinos
La formación jeltzale otorgará su voto afirmativo al primer decreto de vivienda. Esta decisión se fundamenta en la inclusión de mecanismos destinados a la salvaguarda de los pequeños propietarios y de los arrendatarios, así como en el establecimiento de límites a las operaciones de adquisición por parte de los denominados fondos buitre. Para el PNV, este posicionamiento responde a criterios de coherencia y responsabilidad institucional ante la situación del mercado.
Rechazo a la prórroga indefinida de los contratos
En el extremo opuesto, el partido ha ratificado su voto negativo al decreto ley que plantea la prórroga indefinida o automática de los contratos de arrendamiento. Desde la sede de Sabin Etxea en Bilbao, se ha argumentado que las actuales disposiciones aprobadas por el Consejo de Ministros carecen de la profundidad necesaria para resolver las carencias del mercado inmobiliario actual por sí solas.
Vaquero ha calificado estas disposiciones legislativas como un «parche» temporal. En este sentido, la formación reclama el desarrollo de políticas que ofrezcan una visión integral del sector, subrayando que es necesario proteger no solo a los usuarios actuales, sino también garantizar la disponibilidad de inmuebles para los futuros demandantes de vivienda.
Necesidad de incrementar la oferta habitacional
La portavoz ha señalado que la resolución del conflicto habitacional requiere, de manera imperativa, un aumento en la construcción de nuevas unidades, advirtiendo que este proceso conlleva plazos de ejecución prolongados en el tiempo. Por ello, el PNV insiste en que las medidas futuras deberán ser transversales y efectivas para paliar el problema estructural que afecta a la oferta de vivienda suficiente en el territorio.