La próxima cita electoral del 29 de noviembre marcará el fin de una etapa política caracterizada por una intensa actividad en las urnas desde mayo de 2023. A pesar de los resultados obtenidos por el bloque gubernamental en los comicios municipales, autonómicos y europeos, la actual administración ha mantenido su operatividad mediante acuerdos parlamentarios con fuerzas como ERC, Junts, EH Bildu y PNV. Este periodo se ha distinguido por la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado, una obligación constitucional que no se ha cumplido en el presente ejercicio.
Desafíos institucionales y marcos de gobernanza
La gestión del Ejecutivo ha estado condicionada por una aritmética parlamentaria que el propio Gobierno definió como un avance con o sin el concurso del poder legislativo. En este contexto, se han sucedido diversas investigaciones judiciales que afectan a estructuras del partido en el poder, incluyendo procesos sobre el secretario de organización, Santos Cerdán, y tramas relacionadas con contratos de material sanitario durante la pandemia gestionados por ministerios y comunidades autónomas. Asimismo, se han registrado controversias legales sobre el uso de la Fiscalía General del Estado y el papel de la SEPI en operaciones como el caso Plus Ultra.
La legislatura ha estado marcada por giros en la política de alianzas y compromisos normativos. Entre ellos destacan los indultos de junio de 2021 a los condenados por sedición y la posterior tramitación de la Ley de Amnistía en noviembre de 2023, medidas que han generado tensiones internas en el espectro político y críticas por parte de antiguos cargos gubernamentales. Estos acuerdos han incluido además la condonación de deuda y la propuesta de una financiación singular para Cataluña, junto con modificaciones legislativas que han facilitado la excarcelación de presos vinculados a delitos de sangre.
Indicadores económicos y evolución del bienestar
En el plano macroeconómico, el balance desde el año 2018 muestra un crecimiento dispar entre los distintos indicadores. Si bien el Producto Interior Bruto (PIB) y las cifras de empleo han registrado incrementos, el PIB per cápita y el salario real medio apenas han mostrado avances significativos durante este periodo. Esta situación se agrava por el hecho de que el PIB ha crecido a un ritmo inferior al de la deuda pública, manteniendo a las administraciones en una situación de déficit persistente.
El encarecimiento del coste de la vida ha impactado directamente en las economías familiares, mientras que el sistema de bienestar afronta presiones crecientes debido al gasto en pensiones y ayudas destinadas a colectivos vulnerables. A esto se suma un estado de conservación mejorable en las infraestructuras públicas y una demanda social de optimización en los servicios de salud y educación.
Crisis de oferta y regulación en el sector inmobiliario
Uno de los puntos de mayor fricción se encuentra en el mercado inmobiliario. Tras ocho años de gestión, la vivienda se ha consolidado como una de las principales preocupaciones ciudadanas. El Gobierno planea validar mediante la Diputación Permanente dos Reales Decretos que fueron rechazados por el Congreso el pasado 2 de octubre. Estas medidas, que incluyen prórrogas forzosas en los contratos de arrendamiento, son cuestionadas por analistas del sector, quienes advierten de una reducción progresiva de la oferta de inmuebles disponibles.
La herencia económica para la administración que resulte de las próximas elecciones generales incluye retos estructurales profundos, donde la falta de ingresos suficientes de los ciudadanos dificulta el acceso a la propiedad a pesar del crecimiento de los indicadores generales de empleo.