Tras la decisión del presidente del Gobierno de disolver las Cortes y convocar elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, la actividad legislativa urgente recae sobre la Diputación Permanente. Este órgano parlamentario se convierte en la vía del Ejecutivo para intentar convalidar el decreto de vivienda, un texto que no logró superar el trámite en el Congreso de los Diputados la semana pasada.
Funciones y límites de la actividad parlamentaria bajo disolución
La Diputación Permanente es un órgano de naturaleza especial cuya misión es velar por los poderes de la Cámara cuando esta no está reunida o ha sido disuelta. Según el marco constitucional, debe contar con un mínimo de 21 miembros y asume responsabilidades específicas hasta la constitución de las nuevas Cortes. Entre sus facultades principales destaca la de convalidar o derogar reales decretos en un plazo máximo de 30 días, siempre que el Gobierno justifique una extraordinaria y urgente necesidad.
No obstante, su operatividad es limitada en comparación con el pleno ordinario. La Diputación Permanente no tiene potestad para aprobar leyes orgánicas u ordinarias, ni tramitar los Presupuestos Generales del Estado. Asimismo, carece de competencias para celebrar sesiones de investidura, tramitar mociones de censura o realizar el control ordinario a la labor del Gobierno.
La aritmética necesaria para la validación de decretos
El Consejo de Ministros ha vuelto a dar luz verde a los dos decretos de vivienda con el objetivo de someterlos a votación en este órgano, donde el Ejecutivo prevé contar con la mayoría suficiente. En este escenario, el respaldo del PNV ha resultado determinante tras confirmar este martes su voto a favor del primero de los textos normativos.
La actual capacidad de maniobra de los socios de gobierno se remonta a la configuración de la Mesa del Congreso el 17 de agosto de 2023. En aquel momento, PSOE y Sumar obtuvieron cinco de los nueve puestos del órgano rector, incluyendo la presidencia. Esta mayoría permitió fijar la composición de la Diputación Permanente en 69 miembros. Esta cifra fue clave para establecer un umbral de 35 votos que permite al Gobierno sacar adelante sus iniciativas incluso prescindiendo de alguno de sus socios habituales de investidura.
Reparto de escaños en la Diputación Permanente
Aunque la distribución debe respetar el balance de fuerzas del Congreso, el reparto actual sitúa al PP como el grupo con mayor representación, sumando 27 miembros. El PSOE cuenta con 25 representantes, mientras que Vox y Sumar disponen de 6 asientos cada uno.
El resto de la estructura se completa con un representante por cada una de las formaciones minoritarias: ERC, Junts, EH Bildu y PNV. Por último, el grupo mixto cuenta con un integrante, cuya representación recae en la formación Podemos.