Empresas perderán contratos por desigualdad salarial

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La normativa de contratación en España experimenta un cambio significativo con la entrada en vigor de nuevas medidas que penalizan la falta de paridad en los salarios. El Ejecutivo ha aprobado una reforma que permite a la administración rescindir contratos y concesiones públicas a aquellas compañías que no cumplan con sus obligaciones de igualdad y transparencia en las retribuciones.

Modificación de la normativa de contratos públicos

Esta disposición se articula a través de un Real Decreto-ley destinado a la transposición de dos directivas europeas en el ámbito laboral. La reforma introduce cambios técnicos en el artículo 211 de la Ley de Contratos del Sector Público, estableciendo que los órganos de contratación deben velar por el cumplimiento del principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por trabajos de igual valor durante toda la vigencia del acuerdo.

Los pliegos de cláusulas administrativas deberán integrar a partir de ahora sanciones económicas proporcionales para castigar las infracciones en esta materia. El procedimiento para la resolución de un contrato podrá iniciarse de oficio o a propuesta de la representación legal de los trabajadores, requiriendo siempre un trámite de audiencia previo para dicha representación con carácter anterior a la adopción de la resolución correspondiente.

Criterios para la resolución de concesiones

La ley identifica escenarios específicos para aplicar la resolución de la relación contractual. El primero de ellos es el incumplimiento grave de la igualdad retributiva cuando se acredite, mediante una resolución judicial o administrativa firme, que existe una discriminación por razón de sexo entre la plantilla que participa en la ejecución del contrato. Asimismo, se contempla la rescisión ante el incumplimiento reiterado de las obligaciones de transparencia, siempre que el contratista no haya subsanado la situación en el plazo otorgado tras el requerimiento oficial.

Nuevos derechos de información sobre sueldos

Más allá de la contratación pública, el Real Decreto-ley refuerza la transparencia salarial permitiendo que cualquier empleado solicite datos sobre las retribuciones medias de sus compañeros de mismo rango o función, desglosados por sexo. Esta información debe detallar el salario base y todos los complementos salariales y extrasalariales. Las empresas disponen de un plazo máximo de dos meses para entregar esta documentación por escrito.

Este derecho también ampara a los antiguos trabajadores, quienes podrán ejercer la solicitud hasta un año después de haber finalizado su vinculación con la empresa. Además, las compañías están obligadas a informar anualmente a su plantilla sobre la existencia de esta vía de información para combatir cualquier posible discriminación retributiva por razón de género.

Límites al periodo de prueba y estabilidad

La nueva legislación laboral establece restricciones en la duración del periodo de prueba. Este no podrá superar los seis meses para técnicos titulados ni los dos meses para el resto de la plantilla. En el caso de empresas con menos de veinticinco empleados, el límite para el personal no titulado se fija en tres meses. Por otro lado, se prohíbe a las organizaciones impedir que sus trabajadores presten servicios en otras empresas, a menos que exista un pacto de plena dedicación con su correspondiente compensación económica.

Finalmente, el texto habilita a los trabajadores para solicitar modalidades de empleo más estables cuando surjan vacantes o promociones internas. Estas medidas, publicadas ya en el Boletín Oficial del Estado, buscan fortalecer la seguridad jurídica y los derechos de información en el mercado de trabajo español.


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