El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado la convalidación de los dos decretos leyes presentados por el Ejecutivo para regular el sector inmobiliario. La primera de las normas ha sido derogada con 172 votos a favor frente a 178 en contra, mientras que el segundo texto ha cosechado una oposición más amplia, con 166 votos favorables y 184 negativos. Este bloqueo parlamentario responde principalmente a la negativa de Junts, cuyos votos eran determinantes para la continuidad de unas medidas que incluían restricciones fiscales y limitaciones en el mercado del arrendamiento.
Motivos de la negativa parlamentaria y el papel de Junts
La formación independentista ya había manifestado su rechazo previo a la sesión extraordinaria, argumentando que el paquete legislativo reduciría la oferta del mercado y provocaría un incremento de los precios. Durante el debate, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, solicitó la abstención de Junts alegando que el 90% de sus peticiones habían sido integradas en el texto. No obstante, el grupo parlamentario liderado por Míriam Nogueras calificó la propuesta de «decepcionante», especialmente en lo relativo a la definición de fondos de inversión y a las herramientas para frenar la especulación.
Por su parte, el PNV ha mantenido una postura crítica, señalando que la influencia de las tesis de Sumar en la negociación ha restado calidad técnica al documento. Aunque los nacionalistas vascos apoyaron el primer decreto, advirtieron sobre la necesidad de contar con los pequeños propietarios para garantizar la oferta, criticando lo que denominaron una «ceguera por los postulados de máximos» del socio minoritario de la coalición.
Medidas fiscales y regulatorias invalidadas
El decreto más relevante, diseñado para la protección de la función social de la vivienda, contemplaba una prórroga de los alquileres de hasta dos años para contratos que venciesen antes del 31 de diciembre de 2028. Asimismo, establecía una limitación del 2% en las subidas de las rentas y extendía el denominado escudo social hasta el año 2030, prohibiendo los desahucios de familias en situación de vulnerabilidad hasta dicha fecha.
En el plano tributario, la norma fallida pretendía reordenar la fiscalidad de las Socimis dedicadas al arrendamiento. El borrador planteaba un gravamen especial del 25% sobre los beneficios no distribuidos para aquellas sociedades que no orientasen su inversión hacia la vivienda asequible. Además, se incluía un incremento del IVA para los pisos turísticos sin servicios de limpieza, pasando del 0% al 10%, y una reducción al 4% para la construcción de vivienda de protección oficial.
Incentivos a la compra y control de fondos
La regulación también buscaba limitar la actividad de las empresas dedicadas a la compra de activos para alquiler o especulación, impidiéndoles la adquisición de inmuebles por debajo del 70% de su valor de tasación hasta 2028. Para facilitar el acceso a la propiedad, se preveía una línea de préstamos a interés cero gestionada por el ICO, con importes de hasta 50.000 euros destinados a la compra de la primera vivienda.
Finalmente, el texto recogía bonificaciones fiscales para inquilinos con rentas inferiores a 33.000 euros anuales, una medida que, según estimaciones oficiales, habría alcanzado a 1,6 millones de hogares. Tras el rechazo de la Cámara, el Gobierno se enfrenta ahora a la posibilidad de presentar un nuevo decreto la próxima semana, tal y como han instado algunos grupos parlamentarios, con el objetivo de reiniciar la negociación de las políticas de vivienda.