Bruselas abre un expediente a España por la regularización

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Tras el cierre del plazo de solicitudes el pasado 30 de julio, el proceso de regularización extraordinaria del Gobierno de España se enfrenta ahora al escrutinio de las instituciones europeas. La Comisión Europea ha iniciado un análisis técnico para determinar si el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, se ajusta al marco normativo comunitario. Esta medida, que ha permitido la presentación de solicitudes por parte de prácticamente 1,2 millones de personas, será evaluada bajo la supervisión de la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior del Ejecutivo liderado por Ursula von der Leyen.

Implicaciones legales y plazos de la investigación europea

La fiscalización comunitaria se activa a raíz de una queja formal presentada por Junts el pasado mes de julio. La formación sostiene que el Gobierno tomó una decisión unilateral que afecta a la integridad del espacio Schengen, uno de los pilares de la libre circulación en la Unión Europea. Entre los argumentos remitidos a Bruselas, se señala la falta de una notificación correcta a los socios europeos sobre la regularización de ciudadanos extracomunitarios, así como la cancelación masiva de expedientes de expulsión y la posibilidad de que solicitantes de asilo accedieran al proceso tras retirar sus peticiones previas.

A partir de la admisión a trámite de la queja, la Comisión Europea dispone de un plazo de dos meses para realizar una valoración inicial del escrito. En el transcurso de un año, el organismo deberá decidir si archiva las actuaciones o si, por el contrario, inicia un procedimiento de infracción. En caso de que la investigación prospere, el asunto podría derivar en un litigio ante el Tribunal de Justicia de la UE, sumándose a otros expedientes abiertos contra España por retrasos o incumplimientos en materias como la ciberseguridad o el sistema financiero.

Volumen de solicitudes y contexto político en Cataluña

La magnitud del proceso ha superado las previsiones gubernamentales iniciales, que estimaban alcanzar el medio millón de personas. Con cerca de 1,2 millones de expedientes presentados, la administración central registra retrasos significativos a pesar del plazo inicial de tres meses fijado para la resolución. Por territorios, Cataluña lidera el volumen de peticiones con aproximadamente 250.000 solicitudes, seguida de la Comunidad de Madrid, que supera las 200.000.

El conflicto normativo coincide con un escenario de tensión política respecto a la gestión migratoria. Junts ha recordado que en enero de 2024 se pactó la delegación a la Generalitat de competencias exclusivas del Estado, como la vigilancia de fronteras y la gestión de permisos, un traspaso que no se ha materializado. Asimismo, el partido ha criticado que el conocimiento del catalán no sea un requisito obligatorio para la obtención de la autorización inicial de residencia en Cataluña.

Mientras la investigación de Bruselas sigue su curso sin suspender los trámites actuales, el panorama político catalán muestra una preocupación creciente por el avance de Aliança Catalana. El partido de extrema derecha, que obtuvo dos escaños en las elecciones autonómicas de 2024, podría escalar hasta los 25 representantes según los datos del barómetro más reciente de la Generalitat. Esta situación enmarca la ofensiva jurídica de Junts en un momento de máxima presión por el control de las políticas de extranjería.


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