Las acusaciones populares personadas en el procedimiento contra los integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) han solicitado formalmente a la Audiencia Nacional que desestime la aplicación de la Ley de Amnistía (LOA). En un escrito de alegaciones coordinado por Fuster-Fabra Abogados, la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), junto a Vox, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Dignidad y Justicia y asociaciones de la Guardia Civil como AEGC y AUGC, instan a que se mantenga el proceso penal contra los doce procesados por delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos, y tentativa de estragos.
Interpretación del TJUE y el marco jurídico comunitario
El escrito fundamenta su postura en el análisis de la reciente resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la compatibilidad de la normativa española con el Derecho comunitario. Las acusaciones subrayan que el tribunal de Luxemburgo no impone una aplicabilidad automática de la medida de gracia a los hechos investigados. Por el contrario, sostienen que corresponde a los tribunales nacionales evaluar si las conductas encajan en las excepciones de la ley, especialmente en lo referente a la Directiva 2017/541 relativa a la lucha contra el terrorismo.
En este sentido, los letrados recuerdan que el artículo 2.c de la ley española excluye los actos que hayan causado graves violaciones de los derechos humanos, específicamente los protegidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Las acusaciones argumentan que la normativa europea sanciona las fases preparatorias, la tenencia de explosivos y la pertenencia a estructuras terroristas sin necesidad de que se produzca un resultado final lesivo o una masacre consumada para considerar la gravedad de los hechos.
Hechos atribuidos a los Equipos de Respuesta Táctica
Para justificar la exclusión de la amnistía, el escrito detalla el relato del Ministerio Fiscal sobre los denominados Equipos de Respuesta Táctica (ERT). Entre las pruebas señaladas figura la adquisición de precursores químicos como ácido nítrico, sulfúrico y clorhídrico, así como la fabricación de sustancias incendiarias como la termita en laboratorios clandestinos. Asimismo, se mencionan labores de vigilancia sobre objetivos estratégicos, incluyendo el acuartelamiento de la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca, un centro logístico de Amazon y planes para el asalto al Parlament de Cataluña.
Las representaciones procesales rechazan que la ausencia de víctimas mortales, que atribuyen a la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, atenúe la gravedad de las acciones. El texto establece una analogía con el caso de la célula islamista del Raval, condenada en 2009 por conspiración y tenencia de explosivos, para ilustrar el peligro potencial de la organización.
Petición de apertura de juicio oral
Finalmente, la representación procesal solicita a la Sala Penal que motive de manera individualizada la concurrencia de los requisitos legales para cada una de las conductas atribuidas a los procesados. El objetivo último del escrito es que se dicte la apertura de juicio oral, de modo que los doce encausados sean juzgados por los delitos que se les imputan al considerar que sus actos quedan fuera del ámbito de protección de la amnistía según los estándares fijados por la normativa europea.
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