El mercado inmobiliario español afronta un escenario de tensión estructural marcado por un déficit acumulado de 750.000 viviendas, una cifra que, lejos de reducirse, se incrementa anualmente en unas 250.000 unidades. Según el último informe de proyecciones macroeconómicas del Banco de España, la corrección de este desajuste entre la oferta y la creación de nuevos hogares no se prevé para el corto plazo, debido principalmente a la ralentización de la actividad constructora y a las limitaciones en la inversión.
La institución dirigida por José Luis Escrivá señala que la inversión residencial muestra un crecimiento más contenido de lo anticipado. Esta moderación responde a diversos factores, entre los que destacan la demora en la ejecución de visados, una menor tasa de terminación de obras, el encarecimiento de los costes de producción y las trabas técnicas relacionadas con el acceso a la red eléctrica.
Restricciones estructurales y falta de suministros
El supervisor bancario identifica varios cuellos de botella que impiden un mayor dinamismo en el sector. Entre ellos, subraya la persistente mano de obra insuficiente, un problema que afecta de manera negativa o muy negativa al 60% de las empresas constructoras consultadas. A esto se suma la lentitud administrativa en los desarrollos urbanísticos y la manifiesta escasez de suelo finalista.
A pesar de estas dificultades, el organismo supervisor contempla un horizonte más optimista para el año 2027. Esta previsión se apoya en el incremento de las viviendas iniciadas desde 2024 y en la reactivación de la financiación bancaria destinada tanto a la promoción inmobiliaria como a las actividades de construcción.
El impulso necesario de la vivienda protegida
Para equilibrar el mercado, el Banco de España insta a las administraciones públicas a intensificar la ejecución de sus programas de vivienda protegida. El informe sugiere que una aceleración en este ámbito, combinada con la actividad del sector privado, permitiría una trayectoria de inversión mucho más dinámica que la contemplada en el escenario central actual.
Los datos recientes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible reflejan una tendencia al alza en este segmento. Durante el primer semestre del año, la finalización de viviendas protegidas alcanzó las 11.270 unidades, casi duplicando las cifras del ejercicio anterior. Asimismo, el inicio de nuevas construcciones bajo este régimen aumentó un 108%. Sin embargo, el supervisor advierte de que este ritmo sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda y queda lejos de las promesas gubernamentales de habilitar 184.000 viviendas durante la legislatura.
Contexto político y regulatorio
Esta situación de desequilibrio se produce en un clima de alta sensibilidad social por los precios del alquiler y la dificultad de acceso a la vivienda. El contexto se ha visto condicionado por la aprobación de dos decretos ley por parte del Ejecutivo y la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, factores que enmarcan la urgencia de las medidas solicitadas por el organismo supervisor para garantizar la estabilidad del sector residencial a largo plazo.