El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha emitido un informe jurídico que confirma la existencia de margen legal para que el Gobierno apruebe el reglamento de la denominada Pasarela al RETA antes del 29 de noviembre. Según el análisis de la institución, la convocatoria de elecciones y la consecuente disolución de las Cortes Generales no suponen un obstáculo jurídico para que el Ejecutivo culmine el desarrollo de esta normativa, manteniendo sus competencias reglamentarias plenamente activas hasta la fecha de los comicios.
Continuidad de la potestad reglamentaria
El documento elaborado por el CGAE subraya que, si bien la disolución de las Cámaras paraliza la labor legislativa del Parlamento, esta situación no afecta a los procedimientos administrativos que competen directamente al Gobierno de la nación. En este sentido, la tramitación del real decreto necesario para la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos no quedaría suspendida por el inicio del periodo electoral.
Asimismo, el informe analiza las restricciones que impone la normativa electoral, concluyendo que estas se limitan a la comunicación institucional y a la difusión de logros de gestión por parte de los poderes públicos. Estas prohibiciones no impiden, sin embargo, el ejercicio de la potestad para aprobar disposiciones de carácter general que sigan su curso administrativo ordinario.
Aceleración de plazos mediante tramitación urgente
Para lograr la aprobación definitiva antes de la cita electoral, la Abogacía señala que el Ejecutivo debería acogerse a la tramitación urgente establecida en la Ley del Gobierno. Este mecanismo facultaría a la Administración para reducir a la mitad diversos plazos preceptivos y agilizar la obtención de los informes técnicos necesarios.
Bajo este procedimiento excepcional, el periodo de audiencia e información pública podría limitarse a siete días hábiles. Del mismo modo, se establece un plazo máximo de 15 días para que el Consejo de Estado emita su dictamen, un paso fundamental para la validez de la norma. El análisis jurídico sostiene que completar el proceso es factible siempre que se actúe con celeridad inmediata y se eviten demoras en los trámites restantes.
Calendario crítico y afectación profesional
Los autores del informe advierten de que el cumplimiento del cronograma depende de que la fase de audiencia pública se inicie, como tarde, durante la semana del 19 de octubre. Esta premura responde a la necesidad social de un colectivo que supera las 150.000 personas, abarcando no solo a abogados, sino a profesionales de diversos sectores que se encuentran en una situación de incertidumbre.
El documento concluye recordando que una parte significativa de estos profesionales ya ha alcanzado la edad de jubilación y permanece a la espera del marco normativo definitivo para planificar su retiro. Por ello, la Abogacía insiste en que la culminación de este proceso es una prioridad que, aunque exige una gestión administrativa intensiva y el cumplimiento estricto de los plazos, es plenamente ejecutable desde el punto de vista del derecho.