El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha confirmado la intención del Gobierno de aprobar el real decreto para los centros de datos en un plazo breve. El objetivo es que la normativa esté lista antes de las próximas elecciones generales, fijadas para el 29 de noviembre, con la meta de posicionar a España como un referente europeo en materia de soberanía y sostenibilidad.
Plazos y tramitación administrativa de la norma
El proceso se encuentra en su fase final tras haber superado el periodo de información pública. Durante esta etapa, el texto ha recibido más de 600 alegaciones que están siendo analizadas para incorporarlas a la redacción definitiva. Actualmente, los ministerios implicados mantienen negociaciones internas para fijar una posición común una vez atendidas las anotaciones recibidas.
Al tratarse de un real decreto, su tramitación no requiere paso por el Parlamento, aunque sí precisa los informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Consejo de Estado. El dictamen de la CNMC ya fue aprobado por su pleno la semana pasada, por lo que el siguiente paso administrativo es la remisión del expediente al Consejo de Estado para su valoración jurídica.
Requisitos de sostenibilidad energética y soberanía
La normativa proyectada introduce criterios estrictos sobre la sostenibilidad energética y la resiliencia de estas instalaciones. Entre los puntos más destacados, el borrador exige que los centros de datos respalden al menos el 80% de su consumo horario con energía renovable de nueva generación. Para que sea considerada como tal, la normativa establece que las plantas generadoras no podrán tener una antigüedad superior a los 18 meses.
López ha defendido la necesidad de legislar a tiempo para evitar conflictos operativos y medioambientales que ya han afectado a otros mercados internacionales. Según el titular del ministerio, existe un consenso mayoritario sobre la norma, minimizando las críticas externas al considerar que la regulación es fundamental para garantizar la soberanía digital del país y situarse en una posición de liderazgo en el contexto europeo.
Impacto económico y advertencias del sector
No obstante, las exigencias recogidas en el proyecto han generado preocupación en la industria. La patronal Spain DC ha advertido que las condiciones impuestas son de difícil cumplimiento para la mayoría de los proyectos en desarrollo. Según sus estimaciones, las restricciones relativas al suministro energético podrían poner en riesgo hasta el 90% de las instalaciones previstas en el mercado español para los próximos años.
Esta situación afecta a un volumen de inversión comprometida que alcanza los 67.000 millones de euros para el periodo comprendido entre 2026 y 2030. Desde el sector se alerta de que, de aplicarse el decreto en sus términos actuales, gran parte de este capital podría deslocalizarse hacia países competidores como Portugal o Francia, lo que comprometería los planes de expansión de la infraestructura tecnológica nacional.