El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una reforma normativa que modifica la Ley sobre instrumentos financieros para permitir que las empresas cotizadas españolas puedan negociar sus acciones en mercados situados fuera de la Unión Europea sin necesidad de mover su domicilio social. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Economía, busca eliminar los obstáculos técnicos que impedían la conexión directa entre los registros de valores de España y de plazas bursátiles como Nueva York.
Un nuevo marco para la conexión internacional de valores
La reforma introduce un cambio específico en el artículo 34 de la Ley de Bolsa, habilitando a los depositarios centrales de valores para mantener cuentas globales que anoten saldos de emisiones depositadas en entidades fuera de la Unión Europea. Este ajuste técnico permite que un inversor adquiera acciones de una compañía nacional en un parqué extranjero y que dicha titularidad quede debidamente registrada en Iberclear, el depositario de Bolsas y Mercados Españoles (BME).
Hasta la fecha, la falta de sincronización entre los sistemas de registro dificultaba el seguimiento de la propiedad de los títulos. Para operar en Estados Unidos, grandes firmas como Santander o Grifols han recurrido tradicionalmente a los certificados de depósito (ADRs), instrumentos emitidos por bancos que representan acciones de la sociedad original. Sin embargo, este modelo conlleva costes que han llevado a otras entidades, como es el caso de Telefónica, a cancelar sus programas de ADRs al considerar que no compensaban el volumen de liquidez obtenido.
Respuesta regulatoria al traslado de sedes
Esta actualización legislativa se produce tras la decisión de Ferrovial, grupo presidido por Rafael del Pino, de trasladar su sede a los Países Bajos en 2023 con el fin de simplificar su salto a la cotización en el mercado estadounidense. El departamento dirigido por Carlos Cuerpo señala en la exposición de motivos del decreto que el objetivo es ofrecer una alternativa para que las empresas mantengan en España su depositario central de referencia, garantizando la integridad de la emisión mediante una cuenta técnica contable.
El nuevo escenario legal también podría haber tenido aplicaciones en operaciones frustradas, como la potencial integración de Puig con Estée Lauder, que hubiera requerido una negociación simultánea en ambos países. Con la norma ya en vigor, el Ejecutivo establece un cauce para que las compañías españolas accedan a la financiación global y a mercados como el Nasdaq desde Madrid, evitando la fuga de registros principales hacia otras jurisdicciones comunitarias.
La reforma persigue dotar de mayor flexibilidad al sistema financiero español, permitiendo que el registro de los valores se mantenga bajo supervisión nacional aun cuando parte de la emisión se deposite en un mercado tercero para su negociación diaria. Este cambio simplifica los requisitos de concurrencia en parqués internacionales y dota de seguridad jurídica a la operativa de las grandes empresas del país.