La Comunidad de Madrid ha anunciado la aprobación inminente en Consejo de Gobierno del proyecto de Ley de medidas contra la Hiperregulación. Esta iniciativa legislativa, presentada por la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, durante el XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar, tiene como objetivo principal suprimir normativas obsoletas y reducir la carga administrativa que soporta el tejido productivo regional. El texto será remitido posteriormente a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria.
El principio de compensación y control normativo
La nueva regulación se fundamenta en el criterio internacional conocido como one in, one out. Bajo esta premisa, cualquier nueva carga administrativa que se imponga a las empresas conllevará la eliminación automática de otra norma que suponga un coste equivalente. Según el Ejecutivo regional, la burocracia excesiva limita la competitividad y debe ser corregida mediante mecanismos de supervisión constante.
Para garantizar la eficacia de esta norma, se introducirán evaluaciones obligatorias de las regulaciones en dos fases: antes de su aprobación y tras su puesta en marcha. El propósito es verificar si las reglas cumplen los objetivos previstos o si deben ser derogadas. Además, se incluirán cláusulas de caducidad obligatoria para evitar que permanezcan vigentes disposiciones que han perdido su utilidad con el paso del tiempo.
Calendario fijo y agilización de inversiones
Una de las novedades más destacadas del proyecto es la creación de un calendario normativo cerrado. Con el fin de facilitar la planificación del sector empresarial, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, las nuevas obligaciones solo podrán entrar en vigor en dos fechas anuales: el 2 de enero y el 1 de julio. Esta medida busca evitar que las compañías tengan que realizar adaptaciones técnicas o legales de manera imprevista a lo largo del ejercicio.
Asimismo, la ley contempla la colaboración de entidades privadas acreditadas para la gestión de determinados trámites administrativos, con el objetivo de reducir los tiempos de espera actuales. También se habilitarán espacios de prueba para testar productos o servicios innovadores que no cuenten con un marco legislativo definido, siempre bajo supervisión pública. En paralelo, se reforzará la Aceleradora de Inversiones, un organismo que permitirá reducir a la mitad los plazos de tramitación para aquellos proyectos considerados prioritarios para la región.
Balance de la simplificación administrativa
El Gobierno regional ha destacado que la Línea Abierta contra la Hiperregulación ya ha permitido simplificar 738 normas hasta la fecha. Entre las reformas más relevantes aplicadas anteriormente se encuentran la modificación de la Ley del Suelo para agilizar la concesión de licencias y la ampliación del uso de las declaraciones responsables. El nuevo proyecto de ley pretende consolidar esta tendencia para combatir lo que la presidenta madrileña ha calificado como una barrera para la ambición individual y el crecimiento económico.
Defensa de la propiedad y el marco constitucional
En el marco de su intervención, Ayuso ha vinculado la libertad económica con la protección de la propiedad privada, denunciando las políticas que, a su juicio, amenazan el patrimonio de las clases medias. La presidenta madrileña ha expresado su rechazo a las intervenciones en el mercado de la vivienda y ha advertido de una ofensiva judicial contra determinados decretos estatales que eluden el control parlamentario.
Finalmente, la jefa del Ejecutivo autonómico ha reafirmado su compromiso con el mantenimiento del Estado de derecho y la Constitución. Ante el auditorio empresarial, ha asegurado que se utilizarán todos los instrumentos jurídicos disponibles para garantizar la seguridad jurídica, el libre mercado y la iniciativa privada frente a modelos que, según su visión, fomentan la dependencia del subsidio y la mediocridad social.