La disolución de las Cortes Generales ha trasladado el foco legislativo a la Diputación Permanente, donde la posición del PNV resulta determinante para el futuro de los decretos en materia de vivienda. Tras el adelanto electoral, la aritmética parlamentaria ha configurado un escenario de bloqueo con 34 votos a favor de las medidas (PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y Podemos) frente a otros 34 en contra (PP, Vox y Junts). En este contexto, el voto de la formación jeltzale será el que decante la balanza en un momento de especial sensibilidad política.
El dilema entre el pragmatismo y las competencias autonómicas
La dirección del PNV, a través de su portavoz Aitor Esteban, ha remarcado que la formación no actúa en favor de bloques ideológicos, sino bajo la premisa de defender exclusivamente los intereses de Euskadi. No obstante, el recurso recurrente del Ejecutivo al decreto-ley para legislar choca con la doctrina del partido, que ha cuestionado históricamente la idoneidad de este mecanismo, más aún con las cámaras ya disueltas.
En votaciones anteriores, el PNV optó por un apoyo por necesidad y un sí crítico al decreto de medidas generales, pero permitió que decayera la regulación específica sobre vivienda. Los motivos residían en el rechazo a la prórroga automática de los alquileres, al considerar que la normativa equiparaba a los fondos de inversión con los pequeños propietarios. Maribel Vaquero, portavoz en el Congreso, calificó la redacción de la norma como desastrosa, definiéndola como un parche que no soluciona lo que no se ha hecho en ocho años.
Impacto de la seguridad jurídica y el contexto social
La decisión final del PNV se enfrenta al riesgo de lo que implica votar hoy una cosa y mañana la contraria en plena precampaña electoral. La búsqueda de la seguridad jurídica es una de las prioridades de la formación, lo que dificulta un cambio de postura respecto a su voto previo. Este escenario se produce mientras se suceden manifestaciones ciudadanas contra el negocio de la vivienda y actuaciones policiales vinculadas a desahucios.
Un factor relevante es el reciente desalojo en el barrio bilbaíno de Atxuri, donde el arrendador del inmueble es Alokabide, la agencia pública de alquiler social del Gobierno vasco. Este suceso añade complejidad a la posición del partido frente a sus competidores directos. EH Bildu, que cuenta con un voto en la Diputación Permanente y ha mantenido un apoyo constante a los decretos, ha experimentado un crecimiento de dos a seis escaños en la última década, mientras que el PNV se ha mantenido en cinco representantes.
La resolución de este empate técnico pondrá a prueba la estrategia del partido para preservar las competencias autonómicas frente a la legislación estatal, en un entorno donde cualquier movimiento parlamentario será analizado bajo la lupa de la rentabilidad electoral y la coherencia política.