El escenario jurídico y político en España ha experimentado un giro significativo tras la decisión del Tribunal Constitucional de avalar la aplicación de la ley de amnistía específicamente para el delito de malversación. Esta resolución, impulsada por la mayoría del sector progresista del tribunal, ha tenido una consecuencia inmediata en la situación procesal de Carles Puigdemont. Poco después de conocerse el fallo, el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha dictado el levantamiento de la orden de detención que pesaba sobre el expresidente de la Generalitat desde el otoño de 2017.
El respaldo jurídico a la medida de gracia
La ponencia que ha servido de base para esta decisión fue elaborada por Cándido Conde-Pumpido, presidente del órgano constitucional. El texto aprobado se ha mostrado crítico con la postura mantenida hasta ahora por el Tribunal Supremo, que se había negado a aplicar la norma al delito de malversación desde su aprobación a mediados de 2024. Aunque el recurso analizado este martes correspondía inicialmente al caso de la exconsellera Dolors Bassa, la resolución sienta una doctrina que se extiende al resto de los dirigentes encausados por los hechos de octubre de 2017.
Este movimiento jurídico se produce en un contexto en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya había validado la norma el pasado mes de julio. No obstante, el levantamiento efectivo de las medidas cautelares nacionales, como la euroorden, permanecía a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
Una decisión de carácter provisional en el Supremo
A pesar del levantamiento de la orden de arresto, el auto dictado por el magistrado instructor subraya que esta medida tiene un carácter estrictamente transitorio. El magistrado ha precisado que el cese de la búsqueda y captura no implica de forma automática la extinción de la responsabilidad penal ni la resolución definitiva de las cuestiones pendientes en la causa. La intención de la instancia instructora es analizar el impacto real del pronunciamiento constitucional una vez se disponga del texto íntegro de la sentencia.
Será tras ese análisis pormenorizado cuando se decida si se confirma o se modifica la aplicación definitiva de la amnistía. Por el momento, la medida deja sin efecto las órdenes de arresto vigentes de manera provisional, sin que ello prejuzgue el fondo de las futuras resoluciones judiciales.
Impacto en el calendario de las próximas elecciones generales
Estos acontecimientos se han precipitado apenas un día después de que el Gobierno central anunciara la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. El adelanto electoral se produce tras la negativa de Junts a convalidar los decretos sobre vivienda en el Congreso de los Diputados, lo que ha evidenciado la fragilidad de los apoyos parlamentarios del Ejecutivo.
En el plano demoscópico, Junts atraviesa una etapa compleja ante la irrupción de Aliança Catalana, formación que los sondeos sitúan en una trayectoria ascendente, pudiendo pasar de dos escaños a una representación de 30 parlamentarios en Cataluña. Aunque esta última fuerza no concurrirá a los comicios nacionales por sus propios estatutos, la tendencia se produce en un momento de baja movilización independentista y en el que la secesión ha perdido peso entre las prioridades ciudadanas. Puigdemont deberá definir ahora su papel en la campaña electoral tras haber obtenido el peor resultado histórico de su espacio político en 2023 con siete escaños.