El sector legal español ha identificado la necesidad de consolidar un entorno de seguridad jurídica como el principal pilar para garantizar el crecimiento económico y la atracción de capital. Los grandes despachos y las instituciones del ámbito jurídico coinciden en que la estabilidad y la previsibilidad normativa son requisitos fundamentales para que empresas e inversores mantengan su confianza en el mercado nacional.
Estabilidad normativa y reducción de la complejidad
Para el presidente ejecutivo de Garrigues, Fernando Vives, alcanzar este escenario requiere un marco normativo claro y estable, sustentado en la fortaleza e independencia de las instituciones. En este sentido, Eduardo Soler Tappa, socio director de Herbert Smith Freehills Kramer en España, señala que el país precisa una regulación competitiva que disminuya la complejidad administrativa, facilitando el flujo de inversión en sectores estratégicos como las infraestructuras, la energía y la economía digital.
Desde una perspectiva constitucional, José María Michavila, socio cofundador de Michavila Acebes Abogados, aboga por recuperar el consenso parlamentario y evitar el uso excesivo del real decreto-ley. Por su parte, Cristina Camarero, socia directora de Ontier, advierte de que la falta de normas consensuadas deriva en litigios evitables y en el aplazamiento de inversiones, subrayando que la agenda regulatoria actual es altamente exigente.
El reto de la transposición de directivas europeas
Uno de los puntos críticos para el sector es la adaptación a las exigencias de la Unión Europea. Según Javier Fontcuberta, consejero delegado de Cuatrecasas, la transposición de directivas comunitarias es esencial para cumplir con los objetivos de innovación y autonomía estratégica de Europa. Actualmente, España cuenta con 101 directivas pendientes de incorporar a su ordenamiento, de las cuales 50 se encuentran ya fuera de plazo.
Ignacio Hornedo, socio director de A&O Shearman, destaca que esta adaptación impactará directamente en ámbitos como la inteligencia artificial, la eficiencia energética y los servicios financieros. Hornedo insiste en que, para que España siga siendo un destino preferente para la inversión extranjera, es imperativo mantener el respeto al Estado de derecho y ofrecer un entorno previsible.
Vivienda, demografía y mercado laboral
La problemática del acceso a la vivienda también ocupa un lugar central en las demandas jurídicas. Pedro Pérez-Llorca, socio director de Pérez-Llorca, sostiene que para fomentar la construcción es necesario un marco legal que respete la propiedad y simplifique los trámites, evitando medidas que puedan reducir el parque inmobiliario. En esta línea, Rosa Vidal, socia directora de Broseta, apunta a la colaboración público-privada y a la liberalización de suelo como herramientas clave.
Respecto al reto demográfico, el sector propone una inmigración ordenada que responda a las necesidades de productividad del país. En el plano laboral, Íñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy, defiende la simplificación de la normativa y el refuerzo de la negociación colectiva. Paralelamente, Joaquín Merchán, presidente del Consejo General de Graduados Sociales, sugiere unificar los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y tratar el absentismo como una cuestión de Estado, permitiendo que las mutuas gestionen altas en procesos de incapacidad temporal.
Modernización y eficacia de la Justicia
Finalmente, la abogacía institucional, representada por el decano del ICAM, Eugenio Ribón, reclama que se consulte a los profesionales del sector antes de legislar para asegurar una regulación eficaz. La modernización del sistema judicial debe orientarse, según Fernando Vives, a reducir los tiempos de respuesta. Asimismo, se demanda asegurar la independencia judicial, la neutralidad de los entes estatales y la aprobación anual de los Presupuestos Generales del Estado para dotar de estabilidad al sistema.