El Gobierno central reactiva su agenda legislativa en materia de vivienda mediante la aprobación de un nuevo decreto-ley en el Consejo de Ministros, apenas unos días después de que el Congreso de los Diputados rechazara dos textos previos. Esta maniobra normativa se produce en un contexto de Cortes disueltas tras la convocatoria de elecciones anticipadas, lo que traslada la responsabilidad de validar la norma a un órgano parlamentario reducido.
El papel estratégico de la Diputación Permanente
Ante la imposibilidad de someter el texto al Pleno del Congreso, el Ejecutivo confía la ratificación de su propuesta a la Diputación Permanente. Este órgano, compuesto por 69 diputados, dispone de un plazo de 30 días para convalidar o derogar el real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros. La aritmética de esta cámara especial altera el equilibrio de fuerzas necesario para sacar adelante la medida.
A diferencia de lo ocurrido el pasado viernes en la Cámara Baja, el Gobierno no requeriría en esta instancia el apoyo de Junts. La suma de los votos del PSOE (24 miembros más la presidencia), Sumar (6) y el PNV (1), que ya respaldó el texto anterior elaborado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, sería suficiente. El resto del órgano se completa con 27 representantes del PP, 6 de Vox, y un representante por cada formación restante: EH Bildu, Junts, ERC y Podemos dentro del Grupo Mixto.
Cuestionamiento legal por fraude constitucional
Diversos juristas y expertos del sector alertan sobre la naturaleza de esta vía legislativa. Matilde Cuena, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid y cofundadora de la fundación Hay Derecho, sostiene que se estaría incurriendo en un fraude constitucional. El argumento principal reside en el uso de facultades excepcionales para neutralizar un rechazo previo y expreso del órgano parlamentario ordinario.
La validez de un real decreto-ley bajo estas circunstancias depende estrictamente de que se acredite una urgente necesidad. Las dudas legales se acrecientan al considerar que el Ministerio llevaba meses en negociaciones y que la aceleración del proceso coincidió con la movilización social tras el desahucio de una mujer de 87 años en Madrid. Para los juristas, resulta complejo justificar la excepcionalidad cuando el Parlamento soberano ya derogó medidas similares hace menos de una semana.
Impacto en la seguridad jurídica y el alquiler
La nueva normativa, que entrará en vigor de forma inmediata según sus propios términos, contempla previsiblemente la prórroga de dos años en los contratos de alquiler y la prohibición de desahucios para inquilinos vulnerables. No obstante, este movimiento genera una profunda inseguridad jurídica. Si el decreto no lograra finalmente la convalidación, se abriría un escenario de incertidumbre sobre los efectos y solicitudes de prórroga tramitados durante su breve vigencia.
Desde el sector se advierte de que este cambio de reglas de juego a mitad de la legislatura afecta directamente al mercado inmobiliario. El endurecimiento de las condiciones y la inestabilidad normativa podrían derivar en una nueva contracción de la oferta de vivienda en alquiler, continuando la tendencia observada en los principales portales del sector tras los últimos movimientos parlamentarios.