La estabilidad legislativa del Gobierno se enfrenta a un escenario crítico tras la decisión de Junts per Catalunya de votar en contra de los dos reales decretos leyes en materia de vivienda. Esta postura, que se suma a la oposición ya manifestada por el Partido Popular y Vox, compromete seriamente la viabilidad de las medidas aprobadas recientemente por el Consejo de Ministros y sitúa al país ante la posibilidad de una convocatoria anticipada de comicios.
Incertidumbre sobre la convalidación parlamentaria
Los decretos de vivienda, que ya han entrado en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), requieren de la ratificación del Congreso de los Diputados para mantener su vigencia. El Ejecutivo ha impulsado su tramitación por la vía de urgencia, con un debate iniciado a las 11:00 horas de este viernes. Sin embargo, la falta de apoyos suficientes anticipa una probable derogación apenas unos días después de su implementación.
Desde la formación catalana han fundamentado su rechazo en que el articulado actual no solo no resolverá la problemática del mercado inmobiliario, sino que podría reducir la oferta de inmuebles y encarecer los precios. Míriam Nogueras, portavoz de Junts, ha señalado que el Gobierno no ha actuado con determinación frente a los fondos buitre y ha advertido de que las medidas dificultarán el acceso residencial a los colectivos con menor capacidad económica.
Presión del Ejecutivo y horizonte electoral
Ante la falta de mayoría, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha apelado directamente a sus socios parlamentarios solicitando una abstención que permita la tramitación de las normas como proyecto de ley. Según la titular de la cartera, el texto actual integra el 90% de las exigencias formuladas previamente por Junts. Rodríguez ha instado a las fuerzas de oposición a definir si su posicionamiento está alineado con las demandas sociales o con los intereses de los inversores especulativos.
La fragilidad de la convalidación parlamentaria ha reactivado las especulaciones sobre la continuidad de la legislatura. Diversas fuentes apuntan a que, en caso de un bloqueo total en la Cámara Baja, el Ejecutivo podría barajar el próximo 29 de noviembre como una fecha potencial para un adelanto electoral. La votación por separado de ambos decretos determinará si las medidas de intervención de rentas y prórroga de contratos quedan sin efecto de manera inmediata.
Movilización social y seguridad en el Congreso
El clima de tensión institucional se ha trasladado a los alrededores de las Cortes Generales. Grupos de manifestantes, entre los que se encuentra el Sindicato de Inquilinas y colectivos procedentes de las acampadas en la Puerta del Sol, se han congregado para exigir la aprobación de las reformas. Los manifestantes han reclamado la responsabilidad del Gobierno frente a la crisis habitacional mediante diversas consignas de protesta.
Como respuesta a estas concentraciones, la Policía Nacional ha reforzado el perímetro de seguridad en la Carrera de San Jerónimo y ha procedido al vallado de los accesos principales al Congreso. El despliegue de agentes y unidades de intervención se ha extendido hasta la calle Cedaceros y los enlaces con el Paseo del Prado, con el objetivo de garantizar el desarrollo de la sesión plenaria donde se decidirá el futuro de la política de vivienda estatal.