El sector de los centros de datos en España se enfrenta a un escenario de incertidumbre regulatoria ante la posible aprobación de un nuevo real decreto antes de los próximos comicios. La normativa planteada establece exigencias técnicas, especialmente en materia de consumo de energía renovable, que los expertos califican de difícil cumplimiento. Esta situación pone en compromiso proyectos de inversión que alcanzan los 67.000 millones de euros previstos hasta el año 2030.
Riesgo de deslocalización hacia Portugal y Francia
La industria advierte de que el borrador presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica podría derivar en una fuga masiva de capitales. Se estima que hasta el 90% de los proyectos actuales corre riesgo de deslocalización hacia mercados vecinos como Portugal o Francia, donde los marcos normativos resultan menos restrictivos para el desarrollo de infraestructuras digitales.
Tramitación administrativa y distribución regional
Desde el punto de vista legal, la aprobación de este decreto no requiere de trámite parlamentario, por lo que su entrada en vigor solo depende de la voluntad del Ejecutivo y de los informes preceptivos, aunque no vinculantes, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Consejo de Estado. Esta agilidad administrativa permitiría que la norma se aprobase de forma inmediata a pesar del actual contexto político.
El impacto de esta regulación sería especialmente sensible en las regiones que actualmente lideran el sector. Madrid concentra el 55% de los centros de datos del país, seguida por Aragón con un 30% y Cataluña con un 12%. Un marco normativo desfavorable podría paralizar el crecimiento en estas zonas, dificultando futuras rectificaciones legislativas que no llegarían, en el caso de un cambio de Gobierno, antes de 2027.
Divergencias en las previsiones de consumo energético
Uno de los puntos de fricción entre el Ejecutivo y los promotores reside en el impacto sobre el sistema eléctrico. Mientras el Gobierno justifica el decreto por el temor a que la demanda de estos centros eleve el precio de la luz a partir de 2027, las empresas del sector sostienen que el consumo en ese año será idéntico al actual. Según sus previsiones, la falta de puntos de acceso disponibles impedirá nuevas conexiones hasta 2028, fecha en la que se espera la entrada en funcionamiento de las primeras nuevas instalaciones conectadas.