El artículo 7.2 de la LPH ante las molestias por goteos

0
3

Los conflictos vecinales derivados de la caída de agua desde terrazas o balcones encuentran su marco regulatorio principal en la Ley de Propiedad Horizontal (LPH). Sin embargo, la aplicación del artículo 7.2 de dicha norma para atajar estas situaciones requiere de matices jurídicos importantes, ya que los tribunales exigen que la conducta sea una actividad continuada y posea una gravedad contrastada para ser sancionable.

Requisitos para la aplicación del artículo 7.2

Este precepto legal establece que ni propietarios ni ocupantes pueden desarrollar actividades prohibidas en los estatutos o que resulten dañosas para la finca. El artículo también veta aquellas conductas que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas. La jurisprudencia suele descartar episodios aislados, como un goteo puntual durante el riego de una planta, al no alcanzar el umbral de «actividad» que requiere la ley.

Para que la acción prospere, debe acreditarse una situación repetida en el tiempo, como un desagüe que vierte agua de forma diaria sobre el balcón inferior. Ante estos supuestos, el presidente de la comunidad, por cuenta propia o a instancia de un vecino, debe realizar un requerimiento previo de cesación inmediata bajo apercibimiento de emprender acciones judiciales. Si el infractor persiste en su conducta, la junta de propietarios puede autorizar la interposición de una demanda de cesación por los cauces del juicio ordinario.

Consecuencias legales y potestad judicial

Una vez presentada la demanda, acompañada del acta de la junta y el requerimiento fehaciente, el juez tiene la facultad de ordenar el cese inmediato de los goteos como medida cautelar. En caso de que se estime la pretensión, la sentencia puede imponer la cesación definitiva y una indemnización de daños y perjuicios. En situaciones de especial gravedad, la normativa vigente contempla incluso la privación del derecho de uso de la vivienda por un periodo máximo de tres años.

En los casos donde la junta o el presidente opten por la inacción, el Tribunal Supremo ha fijado doctrina a través de su sentencia 321/2016. En dicho fallo, se admite que un propietario afectado de forma individual pueda ejercer la acción de cesación en interés propio, siempre que haya realizado previamente los requerimientos oportunos.

Vías alternativas y responsabilidad civil

Existen otros mecanismos legales para reclamar por los daños causados por el agua sin necesidad de recurrir exclusivamente al artículo 7.2. El artículo 9.1 de la LPH impone a cada titular la obligación de actuar con la diligencia debida y de hacer un uso adecuado de los elementos comunes, incluidos los de uso privativo. Asimismo, el artículo 1910 del Código Civil atribuye la responsabilidad directa por los daños causados por cosas que caigan de una vivienda al habitante de la misma.

Sobre esta responsabilidad, la sentencia 204/2021 del Tribunal Supremo determinó que la obligación de reparar el daño es directa y objetiva para quien habita el inmueble, con independencia de si es el propietario o un arrendatario. Complementariamente, las comunidades pueden prevenir estos conflictos mediante la aprobación de normas de régimen interior o cláusulas específicas en los estatutos, amparadas por el artículo 6 de la LPH, para regular los detalles de la convivencia y el uso de las zonas exteriores.


Descubre más desde Diario Borme

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.