El Gobierno ha diseñado una estrategia parlamentaria para asegurar la vigencia de su reciente paquete de medidas económicas antes de la constitución de las nuevas Cortes. El plan consiste en utilizar la Diputación Permanente del Congreso para convalidar los reales decretos-ley aprobados durante el periodo preelectoral, evitando esperar al primer pleno de la nueva legislatura, previsto para el 23 de diciembre.
Esta maniobra permite al Ejecutivo en funciones validar normas sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027, su correspondiente exención en el IRPF y la subida salarial de los funcionarios. Aunque el plazo legal de treinta días hábiles permitiría elevar estas normas al nuevo hemiciclo, la intención gubernamental es agotar la actividad del órgano de guardia de la Cámara Baja hasta el 22 de diciembre, justo un día antes de que los nuevos diputados tomen posesión de sus escaños.
Blindaje de las medidas ante la nueva composición parlamentaria
El recurso a este órgano especial responde a la actual aritmética parlamentaria. En la Diputación Permanente, el Gobierno no depende de los votos de formaciones como Junts, una situación que podría variar tras los comicios del 29 de noviembre. Al proceder con la convalidación de los decretos antes de la formación del nuevo Pleno, el Ejecutivo se asegura de que cualquier intento de derogación por parte de un futuro gobierno obligue a una tramitación parlamentaria completa, lo que prolongaría la vigencia de las medidas en el tiempo.
Entre los hitos del calendario destaca la revalorización de las pensiones. El Ejecutivo prevé aprobar este incremento una vez se conozca el dato de inflación definitivo el 15 de diciembre. Posteriormente, el decreto se llevaría a la sesión de la Diputación del 22 de diciembre para su blindaje definitivo, garantizando así que la medida entre en vigor bajo el marco normativo actual antes de que se constituya el nuevo Parlamento.
Cifras récord en la actividad del órgano de guardia
La actividad prevista para las próximas semanas supondrá un hito en el uso de esta fórmula jurídica en democracia. El Gobierno ya ha tramitado 11 decretos por esta vía en el actual periodo de interregno, superando los registros de 2019 y 2023. Además de la reunión prevista apenas tres días antes de las elecciones, se contempla al menos otro encuentro clave para ratificar las entregas a cuenta para comunidades autónomas y entidades locales, que marcarán un nuevo máximo histórico el próximo año.
Este procedimiento extraordinario busca consolidar el argumentario económico del gabinete actual. La agenda incluye también nuevas prestaciones para familias monoparentales y numerosas, así como medidas de intervención en materia de vivienda que ya han iniciado su recorrido en este órgano de naturaleza especial. La ratificación inmediata de estos decretos sitúa a cualquier posible alternativa de gobierno en la posición de tener que defender activamente su anulación ante las Cortes si desearan revertir las políticas aprobadas.
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