El catedrático de Estructura Económica, Santiago Niño Becerra, ha planteado una reorientación técnica de las reivindicaciones sociales ante la huelga general por la vivienda convocada este 11 de noviembre. El experto propone desplazar el foco de la protesta desde la reclamación de derechos normativos hacia la exigencia de una inversión presupuestaria directa y cuantificable en las cuentas públicas.
El encaje jurídico del Artículo 47
La reflexión de Niño Becerra parte de la base de que el derecho al acceso a un hogar ya se encuentra plenamente reconocido en el ordenamiento jurídico español. Específicamente, el Artículo 47 de la Constitución Española, situado en el Capítulo Tercero del Título I, ya establece los principios rectores de la política social y económica en esta materia.
Bajo esta premisa, el economista considera que centrar las movilizaciones en la exigencia de un derecho preexistente resulta en una redundancia jurídica. En su lugar, insta a los agentes sociales y a los convocantes a focalizar sus demandas en los mecanismos de ejecución financiera que permitan hacer efectivo dicho precepto constitucional, superando el plano estrictamente declarativo.
Hacia una dotación de 75.000 millones anuales
La alternativa planteada por el catedrático sugiere condicionar el debate público a la movilización de unos 75.000 millones de euros al año. Este capital debería ser asignado de forma exclusiva a la promoción de vivienda pública y al desarrollo de un parque de alquiler social, mediante compromisos financieros tangibles que abandonen las promesas carentes de dotación económica.
Para Niño Becerra, la escasez de oferta que ha motivado la movilización social solo puede resolverse a través de una política fiscal agresiva y masiva. La transformación del sector inmobiliario dependería, por tanto, de una inyección de recursos presupuestarios que actúe como palanca real de cambio, dejando de lado los conceptos normativos para centrarse en la vertiente económica del problema.
En conclusión, el análisis del experto subraya que la solución a la crisis de precios y acceso no reside en la creación de nuevas leyes, sino en la asignación de recursos específicos para la construcción y gestión habitacional. El objetivo es trasladar el núcleo del conflicto en el mercado inmobiliario hacia una gestión de recursos masiva y anual que permita una ejecución directa por parte de las administraciones.
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