La propuesta de establecer una red de tiendas de alimentación bajo control de la administración pública ha vuelto al debate económico tras el anuncio del Ayuntamiento de Barcelona. Sin embargo, este modelo cuenta con un antecedente significativo en España: la cadena valenciana Jobac, cuya gestión pública hace tres décadas terminó con su venta al sector privado tras no alcanzar los objetivos de competitividad esperados.
El precedente valenciano de gestión estatal
Fundada originalmente por José Bacete, la firma fue adquirida en 1988 por Mercasa, empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura y Alimentación. En aquel momento, la operación supuso que la red de 75 establecimientos pasara a ser gestionada por el Estado, mientras que el fundador mantenía la propiedad de los inmuebles bajo un régimen de alquiler.
Durante este periodo, la cadena centró su estrategia comercial en la oferta de precios reducidos, contando con puntos de venta destacados como el hipermercado ubicado en el actual Mercado de Campanar en Valencia. Pese a la intención inicial, la experiencia de gestión pública se prolongó únicamente durante tres años debido a las dificultades operativas detectadas en el mercado alimentario.
Obstáculos administrativos y pérdida de competitividad
El principal problema que afloró bajo la tutela de Mercasa fue la incompatibilidad entre la rigidez de los procesos públicos y la agilidad que demanda el sector de la distribución. La obligatoriedad de tramitar compras de gran envergadura mediante concursos públicos restó flexibilidad a la compañía, impidiendo que siguiera el ritmo de crecimiento de sus competidores privados en una época de expansión para el consumo en España.
Como consecuencia de esta falta de dinamismo, en 1991 la Administración inició el proceso de desinversión. El 70% de la sociedad fue vendido a Erosmer, firma del grupo Eroski en la que participaba la cooperativa Consum. Finalmente, en 1995, la cooperativa valenciana absorbió la totalidad de la cadena, lo que le permitió pasar de 57 a 134 establecimientos y ampliar su equipo humano de 900 a 1.550 trabajadores.
El nuevo proyecto piloto en Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona ha retomado esta idea con el proyecto de un supermercado de titularidad municipal en el barrio de La Marina. Esta prueba piloto, gestionada por una entidad del tercer sector, busca ofrecer productos básicos a precios más bajos. El consistorio defiende la iniciativa como una forma de garantizar el acceso a alimentos frescos asequibles, siguiendo modelos observados en ciudades como Nueva York.
No obstante, la propuesta ha encontrado el rechazo de diversas formaciones políticas y de la asociación Aecoc. La entidad sectorial sostiene que un supermercado de gestión pública difícilmente aportará valor en un mercado que ya destaca por su alta competencia y diversidad de formatos. Según la asociación, la estructura actual ya garantiza la oferta de productos al precio más asequible posible para el consumidor.
Intervención en el mercado de locales comerciales
Paralelamente a la creación de este punto de venta, la administración municipal de la capital catalana ultima la puesta en marcha de un fondo para adquirir locales comerciales. Mediante el ejercicio del derecho de tanteo y retracto, el objetivo es que el sector público pueda intervenir para preservar la actividad comercial en zonas en desarrollo, una medida que se suma al debate sobre el papel de las instituciones en el comercio minorista.