El incremento de las bajas por incapacidad temporal por contingencias comunes ha alcanzado máximos históricos, generando una preocupación creciente en el ámbito empresarial por su repercusión en la productividad. Ante este escenario, la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM-CEOE) ha planteado una serie de medidas urgentes para combatir el impacto del absentismo laboral, cuyo coste para las empresas y la Seguridad Social se estima en 34.000 millones de euros en 2025.
La recuperación del despido por bajas intermitentes
La propuesta más destacada de la patronal madrileña consiste en reinstaurar el despido objetivo por faltas de asistencia justificadas pero intermitentes. Esta medida recuperaría el espíritu del antiguo artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, derogado en 2020, que permitía la extinción del contrato cuando las ausencias llegaran al 20 % de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o al 25 % en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de un año.
Desde organizaciones como Foment del Treball también se ha solicitado retomar esta figura jurídica para los casos de bajas médicas repetidas, excluyendo las situaciones de discapacidad. Los empresarios sostienen que este mecanismo actuaría como un freno ante las distorsiones operativas que provocan las ausencias reiteradas de corta duración, las cuales dificultan la planificación de la actividad productiva.
Impacto económico y evolución de la incapacidad temporal
La magnitud del problema se refleja en el hecho de que cada día se ausentan de su puesto de trabajo 1,6 millones de personas, de las cuales 1,2 millones lo hacen con una baja médica. Además, la incidencia de la incapacidad temporal de larga duración, aquella que supera el año de vigencia, se ha multiplicado por cinco en los últimos ocho años. Entre las causas principales de este fenómeno destacan el aumento de patologías de salud mental en la población joven y los trastornos musculoesqueléticos.
Reforma del sistema de costes y gestión de bajas
El plan de choque empresarial busca corregir la asimetría en la asunción de gastos. Actualmente, las empresas abonan la prestación íntegra entre el cuarto y el decimoquinto día de baja. La propuesta de la patronal exige que el Instituto Nacional de la Seguridad Social asuma la cobertura económica y las cotizaciones desde el primer momento. Asimismo, solicitan exenciones de cuotas para los contratos de interinidad y que el tiempo de baja suspenda el cómputo del periodo de prueba de los nuevos empleados.
En el ámbito de la negociación colectiva, los empresarios abogan por modular los complementos salariales voluntarios que cubren el 100 % del sueldo durante la baja, reservándolos para situaciones de hospitalización o gravedad. También se propone suspender estos complementos si el trabajador rechaza someterse a los reconocimientos médicos de control estipulados.
Nuevas facultades para el control sanitario
Otro eje fundamental de las reclamaciones se centra en el papel de las mutuas colaboradoras. Se solicita que estas entidades tengan potestad para realizar pruebas diagnósticas y tratamientos rehabilitadores de forma ágil, en plazos de entre 24 y 48 horas. Además, los empresarios reclaman que las propuestas de alta médica emitidas por estas organizaciones tengan una ejecución inmediata para reducir los tiempos de espera y evitar que los expedientes se dilaten innecesariamente en los equipos de inspección médica.
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