La capacidad de las empresas españolas para generar valor a través de la propiedad intelectual sigue siendo una asignatura pendiente pese al dinamismo innovador del país. Etienne Sanz de Acedo, consejero delegado de la Asociación Internacional de Marcas (INTA), señala que la falta de una cultura empresarial orientada a la explotación comercial de los activos intangibles impide que el talento se traduzca en crecimiento real. Según sus estimaciones, una gestión estratégica encaminada a la monetización de estos derechos podría elevar la facturación de las compañías entre un 20% y un 30%.
El potencial económico de los activos intangibles
Desde la perspectiva de la INTA, organización que agrupa a más de 7.000 empresas a nivel global, el tejido empresarial español tiende a relegar la protección de activos a un plano estrictamente jurídico y administrativo. Sanz de Acedo advierte de que esta visión percibe la protección como un coste en lugar de una oportunidad de negocio. Esta situación difiere del modelo de Estados Unidos, donde las organizaciones integran estrategias de registro con planes inmediatos de explotación, ya sea mediante el desarrollo de productos propios o la concesión de licencias, manteniendo un reporte constante sobre el valor generado por esta vía.
La brecha entre registro de marcas e innovación técnica
La asimetría en el sistema de protección español es evidente en las estadísticas internacionales. Mientras que España ocupa la tercera posición en la Unión Europea en cuanto a registro de marcas, desciende hasta el duodécimo puesto en lo que respecta a patentes. El análisis de la INTA subraya que la innovación técnica está liderada actualmente por el sector público, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) como principal solicitante nacional. Se reclama, por tanto, una mayor implicación del sector privado para blindar la tecnología y la innovación desarrolladas internamente, elementos sin los cuales la competitividad corporativa queda comprometida.
Impacto en el empleo y la captación de capital
La relevancia de este ámbito trasciende la cuenta de resultados individual. Datos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) y la Oficina Europea de Patentes (EPO) indican que las firmas con una estrategia intensiva en propiedad industrial generan un impacto del 30% en el empleo y una contribución similar o superior al Producto Interior Bruto (PIB). Además, estas entidades suelen ofrecer mejores niveles retributivos a sus plantillas. En el ecosistema emprendedor, contar con registros oficiales multiplica por diez las posibilidades de obtener financiación en etapas iniciales, siendo un factor determinante para los inversores.
Hacia una estrategia nacional de largo plazo
Para revertir el actual «punto ciego» que genera pérdidas millonarias en el valor corporativo, Sanz de Acedo insta a elevar la inversión en I+D, que en España se sitúa en el 1,5% del PIB, frente al 2,2% de la media europea. La propuesta pasa por transformar la propiedad intelectual en una política de Estado que garantice estrategias nacionales estables y transversales. Este cambio de mentalidad en los consejos de administración permitiría dejar de subestimar el potencial de comercialización de los activos, alineando a España con los estándares de las economías más avanzadas en la gestión de la innovación.
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