La movilización social por el acceso a la vivienda se ha extendido este fin de semana a medio centenar de localidades en toda España, con especial incidencia en capitales como Madrid, Valencia, Sevilla, Bilbao o Santander. Las protestas, convocadas bajo la consigna de una futura huelga general, surgen como respuesta a la actual situación del mercado residencial y al reciente bloqueo legislativo en las Cortes Generales.
Impacto del rechazo parlamentario a los decretos de vivienda
El detonante de esta nueva oleada de indignación se sitúa en el rechazo parlamentario de dos decretos leyes clave que el Gobierno había impulsado tras el desalojo de una mujer de 87 años en el madrileño barrio del Retiro. La primera de estas normativas incluía la prohibición de desahucios y bonificaciones fiscales para propietarios e inquilinos, mientras que la segunda planteaba la renovación automática de los contratos de arrendamiento.
Sin embargo, el Congreso de los Diputados tumbó estas medidas. El decreto general no prosperó debido al voto negativo de formaciones como el Partido Popular, Vox y Junts. Por su parte, la normativa referida a la renovación de alquileres también contó con la oposición del PNV y Coalición Canaria, impidiendo así su validación definitiva en sede parlamentaria.
Movilizaciones masivas y altercados en núcleos urbanos
La manifestación de mayor envergadura ha tenido lugar en Madrid, donde cuatro columnas de manifestantes confluyeron en la plaza de Cibeles. Mientras la Delegación del Gobierno cifró la asistencia en unas 70.000 personas, el Sindicato de Inquilinas, entidad organizadora de la convocatoria, elevó el número de participantes hasta los 500.000. Durante la marcha se reclamaron medidas drásticas como la reducción de los precios del alquiler en un 50% o la expropiación de activos a fondos de inversión.
En Valencia, la jornada se vio marcada por la tensión entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. Los incidentes se produjeron en las inmediaciones del Palau de Les Arts, donde se desarrollaba un foro de inversión inmobiliaria. La policía intervino con cargas y el uso de gas lacrimógeno y pelotas de goma para evitar que la protesta accediera al recinto. En otros puntos, como Girona, unas 400 personas mostraron su rechazo a la actual política de vivienda, mientras que en L’Hospitalet de Llobregat la cita fue suspendida por condiciones meteorológicas adversas.
Hacia una convocatoria de huelga general histórica
Las organizaciones convocantes, que han contado con el respaldo de los sindicatos mayoritarios CC.OO. y UGT, han advertido de que la presión en las calles continuará hasta forzar un cambio estructural. Valeria Racu, portavoz de la organización madrileña, ha señalado que el Congreso se encuentra desconectado de la realidad social y ha avisado de que no tolerarán otros cuatro años sin soluciones efectivas frente a la crisis de vivienda.
La intención de los colectivos de inquilinos es formalizar próximamente una huelga general que pretenden que sea histórica. Aunque todavía no se ha fijado una fecha concreta, la organización ya trabaja en coordinación con los sindicatos laborales para articular esta medida de fuerza, fundamentada en la denuncia de un sistema que califican de «rentista». Los manifestantes han insistido en que, independientemente del color político del Ejecutivo, las movilizaciones marcarán el inicio de una legislatura centrada en garantizar el derecho a la vivienda.