El Gobierno retrasa la votación de los decretos de vivienda

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El Ejecutivo ha fijado el 12 de noviembre como la fecha clave para que la Diputación Permanente del Congreso decida sobre la convalidación de los reales decretos de vivienda. Esta jornada se sitúa en el límite del plazo legal permitido y coincide con la víspera del arranque de la campaña electoral, además de tener lugar solo un día después de la huelga general convocada por las organizaciones sindicales.

Estrategia parlamentaria y calendario electoral

La decisión de postergar la votación hasta la fecha máxima permitida busca alejar el debate parlamentario de las polémicas recientes, como el caso Mínguez y la dimisión de la portavoz del PSOE. Con este movimiento, el Gobierno pretende centrar la atención en la gestión habitacional durante los días previos a los comicios. A pesar de que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana justificó la aprobación de los textos por la urgencia extraordinaria de la situación, el calendario se ha ajustado para optimizar el impacto político de la medida.

Antes de abordar estos decretos, la Diputación Permanente tramitará otras normativas aprobadas en los consejos de ministros de carácter social, entre las que figura una reciente reforma de las prestaciones. La composición actual de este órgano, con la Cámara Baja disuelta, altera las mayorías necesarias respecto al Pleno que derogó inicialmente los textos el pasado mes.

Impacto de las medidas y apoyos previstos

Independientemente del trámite parlamentario pendiente, el primero de los decretos ya se encuentra plenamente operativo. El texto recoge disposiciones que se aplican de forma progresiva, entre las que sobresalen la prórroga de dos años en los contratos de arrendamiento y nuevas restricciones para la compra de activos inmobiliarios por parte de grandes tenedores, fondos de inversión y sociedades mercantiles.

En cuanto a los apoyos, las previsiones apuntan a que el PNV mantendrá su voto favorable al decreto que aglutina el núcleo de la reforma, siguiendo la línea mostrada en el Pleno el pasado 2 de octubre. Esta posición facilitaría la convalidación sin necesidad de depender del sentido de voto de otras formaciones como Junts, dada la distribución de escaños en la actual Diputación Permanente. El proceso cerrará así el ciclo de revalidación de unas normas que el Ejecutivo volvió a tramitar tras su rechazo inicial en sede parlamentaria.


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