La reciente derogación parlamentaria de los dos decretos sobre vivienda ha generado una respuesta de cautela entre los especialistas del sector. A pesar de que la supresión de estas normas se recibe con alivio, los analistas advierten sobre las secuelas que la inestabilidad regulatoria ya ha dejado en el mercado y su impacto directo en la disponibilidad de inmuebles para arrendar.
Gonzalo Bernardos, economista y director del máster inmobiliario de la Universidad de Barcelona, resalta que más del 90% de los propietarios en España son pequeños tenedores que se encargan personalmente de la gestión de sus activos. Ante un contexto de incertidumbre, este perfil de propietario suele buscar alternativas más seguras para sus ahorros, alejándose de un mercado que perciben como problemático.
Inestabilidad normativa y freno a la inversión
La constante sucesión de modificaciones legales ha derivado en un escenario de inseguridad normativa que afecta a todos los actores involucrados. María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, afirma que el mercado se encuentra en un estado de inestabilidad sin precedentes, marcado por el desconocimiento de inquilinos y propietarios sobre la normativa que les resulta de aplicación. Este desconcierto compromete la creación de nueva oferta y la movilización de la inversión necesaria para el parque de viviendas.
Desde la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) se prevé para las próximas fechas una notable reducción de la oferta y una mayor rigurosidad en los procesos de selección de inquilinos. José María Alfaro, presidente de la federación, señala que este endurecimiento de los filtros de solvencia perjudicará principalmente a los perfiles que presentan una mayor situación de vulnerabilidad económica.
Propuestas para la dinamización del mercado
La solución para contener los precios, según el consenso de los expertos, requiere incrementar el volumen de viviendas disponibles en lugar de desincentivar la propiedad. Entre las medidas propuestas por Matos destaca la necesidad de movilizar suelo público y privado, junto a una reducción drástica de los plazos urbanísticos y un impulso decidido a la rehabilitación de edificios.
Por su parte, Bernardos incide en que las políticas centradas únicamente en la demanda son ineficaces si no se actúa sobre la oferta mediante la simplificación de licencias y la reducción de los costes de construcción. Asimismo, el sector demanda un paquete de incentivos fiscales que fomente el alquiler sostenible de larga duración. Estas ayudas, tal como indica Alfaro, deben ir vinculadas a garantías de cobro para los arrendadores y sistemas de compensación rápidos en caso de producirse impagos.